La impunidad de los delitos provoca que muchos se tomen la justicia por propia mano, como sucede en los linchamientos de (presuntos) delincuentes. ¿Dejará la población de hacerse justicia si el Estado se muestra incapaz de garantizarla?
Tener una constitución para la Ciudad de México —un logro histórico, según sus promotores— no es más que una absurda y cara distracción para la ciudad, un engaño.
El autor analiza si las sociedades por acciones simplificadas serán la panacea que algunos pregonan o una puerta abierta a la inseguridad jurídica, como afirman otros.
La Constitución Política de la Ciudad de México, cuyo texto preliminar deberá estar listo en junio próximo, deberá plasmar el reconocimiento que la capital del país ha hecho de los derechos humanos.
Los principios generales de Derecho son enunciados normativos que, aunque no están integrados en un ordenamiento jurídico, se entiende que forman parte de él y sirven de fundamento a otros enunciados normativos.
El City Manager de la delegación Miguel Hidalgo ha empleado Periscope para grabar a quienes infringen una disposición administrativa en esa demarcación y exhibirlos, lo que ha desatado gran polémica por la posible violación del derecho a la privacidad.
Las recientes revelaciones de los Panama Papers y la masiva filtración de datos del despacho Mossack-Fonseca nos recuerdan que el hackeo en los despachos legales no es una novedad.
La tragedia ocurrida en febrero pasado en el Penal del Topo Chico no fue más que un reflejo de la urgente necesidad de atender la crisis del sistema penitenciario.
La situación de los presos en México lleva al autor a reflexionar acerca de cuánto hemos contribuido como sociedad en la aberrante degradación de la vida en las cárceles y en tantas zonas fuera de ellas.
La reciente celebración del 99 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa una buena oportunidad para reflexionar sobre las inconsistencias sintácticas y gramaticales de nuestro máximo ordenamiento jurídico.
Legislar con buenas intenciones no necesariamente aporta buenos resultados, afirma el periodista Sergio Sarmiento, al reflexionar sobre el caso Tajamar. Las leyes —sostiene— deben servir para promover el desarrollo sustentable del país.
¿Existen profesionales comprometidos a trabajar para mejorar nuestras condiciones sociales y, en concreto, el ámbito educativo, sin esperar a cambio un beneficio económico?
