Legislar con buenas intenciones no necesariamente aporta buenos resultados, afirma el periodista Sergio Sarmiento, al reflexionar sobre el caso Tajamar. Las leyes —sostiene— deben servir para promover el desarrollo sustentable del país.
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Felipe Calderón reaccionó molesto y casi de inmediato, y eso que estaba viajando de Londres a Nueva York para partir a China. Ayer muy temprano el ex presidente negó la afirmación de Fonatur de que su gobierno había avalado el Malecón Tajamar en Cancún. En Twitter escribió: “Lo 1ro q hice en materia ambiental fue promulgar la ley que prohíbe destruir el mangle. Falso q en 2006 aprobé Tajamar. Estoy en contra”.
Efectivamente, el 1o de febrero de 2007 Calderón añadió a la Ley General de Vida Silvestre el artículo 60 Ter (después del 60, 60 bis, 60 bis 1 y 60 bis 2, lo que muestra el manoseo) para prohibir toda actividad productiva en los manglares. Manuel Mercado Béjar, director jurídico de Fonatur, ha señalado que las autorizaciones originales del proyecto fueron en el sexenio de Vicente Fox, pero que en el de Calderón se otorgaron las ampliaciones que mantuvieron la validez jurídica de las autorizaciones iniciales. Sin embargo, es poco relevante el debate sobre quién autorizó el desarrollo. La Semarnat no podía dejar de aplicar la ley en cualquier gobierno.
Calderón quiso proyectar la imagen de un presidente ecologista y hoy la defiende. Por eso respondió airado a la sugerencia de que él había autorizado Tajamar. Pero es mucho más importante saber qué tan positiva o negativa es una prohibición a toda actividad económica en la mayoría de las costas más pobres del país. Si hubiera estado vigente esta prohibición en el pasado, buena parte de la actividad turística, industrial o portuaria de esa amplia región no se habría podido llevar a cabo. El sur y el sureste estarían todavía más marginados.
Mucha gente piensa con ligereza que eso no importa, que es mejor preservar prístinos los manglares que tener un desarrollo turístico como Cancún o la Riviera Maya. Son personas, supongo, de amplios recursos que no necesitan trabajar y que no consideran importante que los menos privilegiados tengan la oportunidad de lograr una vida mejor a través del trabajo.
Siempre ha existido un conflicto entre el desarrollo económico y la preservación de los paisajes y los ambientes naturales. Los campos cultivados que hoy nos parecen naturales son, de hecho, un atentado contra la ecología. Un sector de la población piensa que podemos borrar 12,000 años de historia y regresar al paleolítico. En algunos círculos de los países ricos se ha puesto de moda una “cocina paleo” que supuestamente debiera remontarnos a esos idílicos tiempos, pero que sólo revela ignorancia sobre la alimentación antes de la agricultura.
La prohibición al desarrollo de los manglares de la que se enorgullece el ex presidente Calderón es un ejemplo de una medida políticamente correcta que daña más a quienes menos tienen y que pone en riesgo el desarrollo de las zonas costeras. La mejor forma de proteger los recursos naturales es darles un uso. Finlandia y Canadá han promovido la explotación sustentable de los bosques y han expandido su superficie forestal, mientras que en México las restricciones han generado tala ilegal y deforestación, a pesar del programa ProÁrbol de Calderón. Legislar con buenas intenciones no necesariamente aporta buenos resultados. La reforma agraria buscaba combatir la pobreza, pero al final sólo logró preservarla.
La discusión sobre Tajamar nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre ese artículo 60 ter de Calderón. ¿Realmente queremos impedir toda actividad económica en los manglares? ¿Sabemos que esto significa condenar a la pobreza a cientos de miles o a millones y a promover por lo mismo la destrucción de los mangles? Mi opinión es que debemos derogar el artículo y promover una legislación que promueva el desarrollo sustentable en esos y otros lugares del país.
Nota
* Artículo publicado en Reforma el 27 de enero. Se reproduce con autorización de su autor.
