Para resolver el grave problema de inseguridad y violencia que vive nuestro país, no basta con discutir amnistías y regular ciertos aspectos de un par de sustancias estupefacientes. El problema es mucho más complejo y vasto que las asignaturas hasta ahora enunciadas por la plana mayor del presidente electo, afirma el autor, poniendo el énfasis en los aspectos que deben atenderse de forma prioritaria.1
El escenario de violencia se presentaba como insoportable. La inseguridad se había extendido a estados de la República que antes no padecían hechos que lastimaran el tejido social.
La propuesta de cambio radical de estrategia en materia de seguridad pública significó un impulso fundamental para ganar la presidencia del país.
Al llegar a gobernar se lanzaron a los cuatro vientos elogios a su visión en la materia. Organizaciones de la sociedad civil, académicos, grupos de víctimas y pacificadores así como la prensa aplaudieron y apoyaron activamente el giro del nuevo gobierno. Ahora sí disminuiría la violencia, se buscarían las mejores alternativas para la pacificación del país. Todo lo que hizo el gobierno anterior, se dijo, había sido un desastre. El enfrentamiento contra el crimen organizado fue un error descomunal, afirmaron grupos autoencomendados a defender los derechos humanos. El cambio de gobierno se veía como la llegada a un oasis de paz y armonía. Incluso había márgenes para plantarse ante el gobierno de Estados Unidos, que se dijo siempre ha sido el beneficiario de las muertes en este lado de la frontera. Todos los cambios venían fortificados con un espectacular bono democrático: era hora de salvar a México...
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