¿La supresión del fuero es el fin de la impunidad? ¿Ahora los altos funcionarios podrán ser juzgados como todos los demás? ¿El presidente podrá ser juzgado y encarcelado? ¿Sirve para tener un buen gobierno? El autor, profesor-investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), responde a estas cuestiones.
La presentación de esta iniciativa ha generado una gran expectativa. El dictamen de la reforma constitucional aprobado por los diputados ha sido presentado como un gran paso en el combate a la corrupción y como un “logro ciudadano”.
Por los tanto, se requiere examinar con detenimiento su contenido, analizar las reglas: qué roles establece, qué escenarios pueden presentarse, qué alternativas estratégicas habrá considerando la racionalidad constitucional de las figuras en cuestión: el juicio político y el fuero. Lo anterior requiere que examinemos la posición de los funcionarios en el servicio público, sus derechos y su relación con la construcción de instituciones sólidas, confiables y aptas para el bienestar de la población.
El dictamen se refiere a dos cuestiones distintas: 1) el juicio político y 2) el fuero, o “declaración de procedencia”, si empleamos el fraseo constitucional.
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