Porrúa, México, 2016
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Hace 11 años Alberto Nava Garcés publicó el primer trabajo sobre la materia en la editorial Porrúa. Desde entonces, este libro ha sido un puente entre abogados (que paulatinamente han ido adoptando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) e ingenieros en sistemas (que a su vez involucran su actividad con el mundo del Derecho).
La tesis original que establecía que la mayor parte de las conductas cometidas con las nuevas tecnologías se podían resolver porque se trataba de delitos clásicos con un cambio en los medios comisivos, tuvo que enfrentarse a una nueva sociedad más digitalizada y con una nueva forma de relacionarse dado el auge de las redes sociales. Y por lo tanto se matizó con el advenimiento de las particularidades que encierra la vida en la red.
Aparecieron conductas novedosas tendientes a atacar, en específico, el uso de estas nuevas tecnologías, sin las cuales no podrían explicarse cuestiones como el robo de identidad, la clonación de páginas web, el hurto de recursos financieros a través del hackeo, así como el phishing, el pharming y el groomimg, o ciberacoso infantil.
De manera exponencial descubrimos que ciertas conductas, aparentemente inocuas como el spam, pueden ser precursoras de delitos. Asimismo, la deep web apareció como un instrumento nocivo, utilizado por la delincuencia organizada para la comisión de conductas ya reguladas pero que deben ser analizadas bajo el uso de este instrumento globalizado.
Bajo este tenor, aparece una versión actualizada de aquel texto de 2005, precedida de las palabras de Ricardo Franco Guzmán y Sergio Carrera Riva Palacio, quienes destacan la seria reflexión que implica distinguir cuándo y de qué manera debe haber una nueva legislación penal que atienda los problemas de nuestro tiempo y que sin las tecnologías serían imposibles o impensables.
Esta tercera edición incluye las iniciativas de ley que se han presentado para acometer los delitos informáticos, cuya eficacia no ha sido la esperada por el rezago legislativo y por la falta de capacitación de quienes operan el Derecho penal y tienen que enfrentarse al abuso de las nuevas tecnologías.
