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Su importancia radica en la calidad de los participantes pero también en los enfoques que, en algunos casos, son contradictorios y hasta encontrados. Si hubiera que señalar su rasgo más destacado, sin embargo, debemos pensar en la pluralidad. Se trata de una pluralidad que invita al choque y a la coincidencia entre los hombres y las mujeres; abogados de la nueva generación y de la pasada; autoridades locales y federales; legisladores, jueces, procuradores, litigantes, académicos… Algunos artículos son meros ejercicios de contraste entre la nueva legislación y la jurisprudencia, como el que hace Luis Madrigal, antiguo presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, quien habla del papel del defensor en el nuevo sistema. Otros son terriblemente técnicos, como el de Edgar Corzo, visitador de la Comisión de Derechos Humanos, que analiza la etapa intermedia del proceso. Los peores artículos —que no faltan— son aquellos que se dedican a reproducir los otros artículos, reiterando el contenido de los mismos con otras palabras. Pero la riqueza del trabajo, decíamos, se halla en la pluralidad y en la divergencia. Hay autores como Olga Islas, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se resisten al código. No entienden, por ejemplo, que al Ministerio Público se le den facultades que sólo debe tener un juez. Otros, como el propio Gerardo Laveaga, se regocijan de la flexibilidad que supone el nuevo sistema, aceptando que, al principio, habrá descalabros, pero que no podremos avanzar si no corremos riesgos. Merece la pena detenerse en los artículos de Arely Gómez, la actual procuradora general de la República que, en su carácter de senadora, escribió sobre el reconocimiento de inocencia del sentenciado y la anulación de la sentencia, así como en el del ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que examina los acuerdos reparatorios. Entre los participantes de este trabajo se cuenta, asimismo, Carlos Zamarripa, procurador de Guanajuato; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Sergio López Ayllón, director del CIDE; Constancio Carrasco, presidente del Tribunal Federal Electoral; Miguel Carbonell, que no requiere presentación; el activista Ernesto Canales, presidente de Renace, A.C., y Mariana Benítez, que escribió sobre la asistencia jurídica internacional. La PGR hizo una edición amplia, con el propósito de proveer de este material a sus agentes del Ministerio Público, peritos, policías y servidores públicos de todos los niveles. Ojalá que el libro ayude a librar el mayor obstáculo que supone el sistema adversarial que tenemos en puerta: el cambio cultural. Si nuestros jueces, agentes del Ministerio Público y policías siguen creyendo que el sistema anterior debe seguir rigiendo (como lo suponen, incluso, algunos ministros de la Corte), el sistema no va a funcionar. Su importancia radica en la calidad de los participantes pero también en los enfoques que, en algunos casos, son contradictorios y hasta encontrados. Si hubiera que señalar su rasgo más destacado, sin embargo, debemos pensar en la pluralidad. Se trata de una pluralidad que invita al choque y a la coincidencia entre los hombres y las mujeres; abogados de la nueva generación y de la pasada; autoridades locales y federales; legisladores, jueces, procuradores, litigantes, académicos… Algunos artículos son meros ejercicios de contraste entre la nueva legislación y la jurisprudencia, como el que hace Luis Madrigal, antiguo presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, quien habla del papel del defensor en el nuevo sistema. Otros son terriblemente técnicos, como el de Edgar Corzo, visitador de la Comisión de Derechos Humanos, que analiza la etapa intermedia del proceso. Los peores artículos —que no faltan— son aquellos que se dedican a reproducir los otros artículos, reiterando el contenido de los mismos con otras palabras. Pero la riqueza del trabajo, decíamos, se halla en la pluralidad y en la divergencia. Hay autores como Olga Islas, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se resisten al código. No entienden, por ejemplo, que al Ministerio Público se le den facultades que sólo debe tener un juez. Otros, como el propio Gerardo Laveaga, se regocijan de la flexibilidad que supone el nuevo sistema, aceptando que, al principio, habrá descalabros, pero que no podremos avanzar si no corremos riesgos. Merece la pena detenerse en los artículos de Arely Gómez, la actual procuradora general de la República que, en su carácter de senadora, escribió sobre el reconocimiento de inocencia del sentenciado y la anulación de la sentencia, así como en el del ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que examina los acuerdos reparatorios. Entre los participantes de este trabajo se cuenta, asimismo, Carlos Zamarripa, procurador de Guanajuato; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Sergio López Ayllón, director del CIDE; Constancio Carrasco, presidente del Tribunal Federal Electoral; Miguel Carbonell, que no requiere presentación; el activista Ernesto Canales, presidente de Renace, A.C., y Mariana Benítez, que escribió sobre la asistencia jurídica internacional. La PGR hizo una edición amplia, con el propósito de proveer de este material a sus agentes del Ministerio Público, peritos, policías y servidores públicos de todos los niveles. Ojalá que el libro ayude a librar el mayor obstáculo que supone el sistema adversarial que tenemos en puerta: el cambio cultural. Si nuestros jueces, agentes del Ministerio Público y policías siguen creyendo que el sistema anterior debe seguir rigiendo (como lo suponen, incluso, algunos ministros de la Corte), el sistema no va a funcionar.
