Claro que es difícil saber si esta Constitución es la misma que promulgó Venustiano Carranza en 1917 pues desde entonces el texto ha sufrido 700 reformas (699 para ser exactos) y quienes llevan cuentas aseguran que sólo 20 por ciento es original.
Para colmo, más que constitución, parece reglamento. Mientras la de Estados Unidos tiene sólo siete artículos y ha sido reformada 27 veces, en tanto que la del Reino Unido no tiene texto siquiera (los jueces deciden si algo es o no constitucional), la Carta Magna de México ha crecido de manera desmesurada para prescribir, entre otras bagatelas: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distintos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento”.
¿Cómo debemos aprovechar, pues, el 100° aniversario de nuestra ley fundamental? Hay quienes dicen que debemos reescribirla. Otros, más cautos, sugieren el verbo “reordenar” para, así, consolidar el texto vigente. Unos y otros opinan que debe eliminarse la sobrerreglamentación y las inconsistencias terminológicas.
Algunos académicos y políticos han ido más allá y están trabajando en una Ley de Desarrollo Constitucional, para reducir en una cuarta parte el texto vigente. Su idea es permitir que se recorte con miras a que la Constitución se limite a señalar los principios, las reglas básicas de organización política y los derechos fundamentales. No más.
Si estamos de acuerdo con Polibio en que la organización política diferencia a un Estado próspero de uno que no lo es, habría que coincidir, también, en que es difícil aspirar a un país moderno con una Constitución tan farragosa. “Nuestra Constitución —ha dicho Eduardo Ferrer MacGregor— ha dejado de ser una ley fundamental, para convertirse en un código.”
Entre sus lastres está la confusión. A estas alturas, por ejemplo, no está claro en qué casos puede un juez aplicar directamente la Constitución o un tratado internacional y en qué casos no. Esto, de algún modo, nos hace perder el rumbo. “Tenemos una nueva Constitución —ha advertido Sergio García Ramírez— sin carta de navegación ni destino cierto.”
Suscríbete para seguir leyendo
El acceso a nuestros artículos es gratuito para nuestros Suscriptores del Newsletter. Regístate gratis y obtén acceso inmediato a miles de artículos de El Mundo del Abogado. Además recibe en tu correo un resumen semanal de las mejores notas del mes.

