Necesitamos una ley de seguridad interior

Lejos de esto, han ido inventando un obstáculo tras otro para regatear el trabajo de ambas cámaras, preocupados por privilegiar los intereses de algunos organismos de la sociedad civil que exigen que las fuerzas armadas se replieguen.

Los diputados parecen haber olvidado que son representantes del pueblo, el cual se ve afectado por muchas circunstancias: desde la acción de un meteoro, hasta las cada vez más diversificadas arremetidas de la delincuencia organizada.

Cabría preguntar a esos representantes populares de distritos electorales de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y otros, ¿por qué dejaron de ejercer su función de representación popular y entraron en un juego inexplicable, escatimando una discusión informada? ¿Por miedo al escándalo mediático? ¿Por no lastimar a las organizaciones que dicen defender los derechos humanos?

Los senadores de los estados mencionados han perdido de vista que representan los intereses de su entidad federativa; no de las OSC, ni de grupos políticos. En principio, su responsabilidad es con su entidad y la población que la habita. ¿De verdad los senadores no se percatan de lo que está sucediendo en sus estados?

No se trata de aprobar una ley por aprobarla, pero sí de discutirla. De discutir, sin tapujos, hasta dónde y hasta cuándo podremos militarizar la seguridad pública: ¿qué mecanismos se van a crear para respetar los derechos humanos? ¿Se va a reglamentar con puntualidad el uso de la fuerza? ¿Qué conviene y qué no en este momento de la historia?

Rehusarse a la discusión sobre una ley de seguridad interior implica negar a la población más desprotegida la seguridad jurídica. Es cierto que permitir la participación de las fuerzas armadas en una ley estaría normalizando una práctica de excepción, pero ¿tenemos alternativa?