El artículo 8° de la Ley de Amparo establece las condiciones en las que los menores de edad, las personas con discapacidad o en estado de interdicción podrán solicitar amparo. El autor aborda en este artículo la figura del representante especial que puede intervenir en un juicio en estas circunstancias.
El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad, legalidad y normatividad de los actos y omisiones de autoridades, así como de particulares que se encuentren dentro de lo previsto por el artículo 5º, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en ese artículo se encuentran instituidas las cuatro partes que, regularmente, concurren en el juicio de amparo. Digo regularmente porque en algunos casos el tercero interesado no existe. El quejoso puede ser cualquier persona, ya sea que demuestre tener interés jurídico o legítimo, o ambos.
Atendiendo a la esencia protectora del juicio de amparo, en lo referente a derechos humanos, también veremos que cuando el quejoso es una persona sin capacidad de ejercicio, la Ley de Amparo establece la intervención de un quinto participante que tiene su fundamento en el artículo 8º de la misma ley. Éste es el representante especial, que actuará cuando el impetrante de garantías es menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, o cuando en un amparo directo en materia penal el tercero interesado tiene las características mencionadas y, por ende, le asiste el derecho de interesarse en el juicio.
La finalidad de nombrar a un representante especial es evitar cualquier transgresión a las normas del procedimiento, sobre todo cuando el quejoso se encuentra en desventaja por edad, situación o condición física o mental.
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