¿El secretario de la Defensa Nacional debe seguir siendo un militar?

Una de las figuras de nuestra sociedad que, hasta hace algunos años, se consideraba intocable, es el Ejército. Dada la situación que vive actualmente nuestro país, esta figura ha sido cada vez más observada y cuestionada. En este contexto, ¿el secretario de la Defensa Nacional debería seguir siendo un militar, que se desgaste en rendir cuentas a la opinión pública, o más bien debería ser, como sucede en otros países, un miembro de la sociedad civil?

La Constitución mexicana y las leyes que la desarrollan no ordenan que el titular de la SEDENA o de la Secretaría de Marina deba ser un militar de carrera. Existen otros requisitos, pero no ése. De tal modo, considero que debería valorarse perfectamente la posibilidad de que un funcionario civil —como pasa en la gran mayoría de países democráticos del mundo— pueda servir como secretario de cualquiera de esas dos dependencias. Si eso sucede, sería un signo importante de la subordinación del poder militar al poder político, lo cual es propio y característico de los Estados modernos. La fuerza militar debe estar al servicio de la democracia constitucional.

El Ejército mexicano se caracteriza por su disciplina férrea y por su aislamiento de la sociedad civil, lo que ha dado lugar a una cierta incomprensión entre ambos mundos. Claramente los militares tienen sus propios códigos.

También realizan labores encomiables, aunque hoy en día su principal actividad es la policiaca, y no les corresponde, e incluso demerita su alta preparación. Por otro lado, hay graves denuncias en contra de algunos de sus miembros por violaciones a los derechos humanos.

Creo que es necesario reducir el abismo entre el Ejército y la sociedad; y que existan contrapesos, y el más importante justamente sería que el secretario de la Defensa Nacional sea un civil, como sucede en muchos otros países y funciona bien.

Estimo que el mando civil, más pronto que tarde, llegará no sólo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dado que de igual forma deberá aplicar este principio para la Secretaría de Marina y para el comandante de la Fuerza Aérea inscrito en la SEDENA, al no haber alcanzado aún autonomía como Fuerza Armada, por razón de que los paradigmas están cambiando en varios ámbitos, como los relativos a la administración pública, a la visión legislativa y a la jurisdicción militar, al estar, expuestos al escrutinio de los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas, de suerte que la táctica y la estrategia deberán corresponder a los técnicos y a los profesionales del servicio militar, y las tareas políticas y de Estado deberán ser atendidas por un civil capaz dedicado a atender estas funciones. Así ocurrió con la inacabada restricción del fuero de guerra y con la extinción de la presunción de culpabilidad que regía para el Código de Justicia Militar (Diario Oficial de la Federación, 13 de junio de 2014). Transcurrieron 80 años para el cambio que empezó a detonar con las reformas constitucionales al sistema de justicia penal (2008) y de derechos humanos (2011), y las sentencias interamericanas (2009-2010).

Evidentemente, sería deseable que, como sucede en otros países democráticos de Occidente, la conducción y la responsabilidad política de las Fuerzas Armadas estuviera a cargo del gobierno democráticamente electo, a través de un funcionario civil que, nombrado por el presidente de la República, fuese quien diera cuenta a la opinión pública de las políticas y los lineamientos dictados por la administración en materia militar y naval. Lamentablemente, esto no es posible en el caso mexicano, donde es manifiesta la improvisación, los compromisos personales y partidistas, así como la comúnmente conocida apatía, indolencia e indiferencia (por no hablar de la corrupción, infección latente siempre) de los altos cargos del gobierno. Politizar a las Fuerzas Armadas sería lo peor que nos podría pasar; por eso, los gobiernos mexicanos han preferido confiar en la lealtad, la institucionalidad, la experiencia y décadas de servicio de los generales y almirantes, secretarios de los ramos de Defensa Nacional y Marina. México ha sido afortunado en esta materia tan delicada. Y los nombres distinguidos de quienes han ocupado esos despachos así lo demuestran. Reitero que no estamos, ni hemos estado nunca, y creo ni estaremos jamás (al menos mientras tengamos políticos de tan mala calidad), en las condiciones apropiadas para que exista un titular de estas dependencias de origen civil.