Arely Gómez González es una abogada que se ha caracterizado por su inteligencia, su capacidad de trabajo y su honestidad. Como secretaria general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como titular de la FEPADE y como senadora de la República ha sacado adelante los programas que se le han encomendado, haciendo gala de un talento envidiable. Ahora, como procuradora general de la República, se enfrenta al desafío más difícil de su vida profesional. Al ser responsable del caso de Ayotzinapa —que mantiene en vilo al gobierno mexicano—, las presiones la vapulean por todas partes: hay quienes le exigen que ratifique los hechos de la “versión histórica”, mientras otros esperan que ponga tras las rejas a militares, ex gobernadores, y a cuantos pueda… Todo indica que la procuradora, haciendo gala de su serenidad, saldrá bien librada del asunto. Con ello, aclarará muchas de las dudas que albergamos los mexicanos sobre Ayotzinapa. En el ínterin, responde algunas preguntas para El Mundo del Abogado.
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Cuando Jesús Murillo Karam llegó a la Procuraduría General de la República afirmó que había encontrado un desastre. ¿Qué encontró usted a su llegada?
Encontré una dependencia con importantes desafíos derivados de la propia naturaleza de la institución y de sus altas responsabilidades. Todas las estructuras de la administración pública, sobre todo en un país de las dimensiones del nuestro, siempre tendrán áreas de oportunidad e innegables avances y proyectos de largo plazo que requieren continuidad e impulso.
Desde que asumí el encargo planteé los ejes sobre los que trabajaría la procuraduría: una procuración de justicia eficaz y eficiente; respeto y protección a los derechos humanos; transparencia y rendición de cuentas, y una debida implementación del nuevo sistema de justicia penal, que debe estar operando en todo el país el 18 de junio.
Aquí aprovecho para decir que este nuevo modelo de justicia penal significa una transformación sustancial que nos permitirá pasar a un sistema más dinámico que favorece procesos expeditos.
Este nuevo modelo nos obliga a fortalecer las capacidades ministeriales para mejorar la atención a víctimas mediante un renovado esfuerzo de profesionalización y modernización.
Muchas personas consideran que después del trato hosco que Jesús Murillo Karam dio a diversas víctimas, hacía falta un rostro amable en la procuraduría: un servidor público que pudiera tener empatía con las víctimas. ¿En qué medida ha sido usted esa cara amable?
El trato digno a las víctimas debe ser una actitud que deriva, de manera natural, del reconocimiento de sus derechos. Precisamente en el tema de los derechos humanos comienza la construcción de un país moderno y democrático.
Cuando sociedad y gobierno se ponen al frente de la protección y la promoción permanente de éstos, se avanza hacia la consolidación de un genuino sistema democrático. Pero la tarea no concluye con la elaboración de leyes que reconocen y protegen derechos. El desarrollo de su contenido nos obliga a realizar un arduo trabajo para darles sentido.
Se tiene la impresión de que el equipo que la acompaña en la procuraduría no es del todo suyo. ¿Es certera esta percepción?
El equipo que trabaja en una institución que se precie de ser respetuosa de la ley, nunca es de una persona sino de la propia institución. Por supuesto, nos sumamos al proyecto de nación del presidente Enrique Peña Nieto, y este acompañamiento y esta alineación de metas y objetivos tienen sustento programático, derivado de la planeación nacional sexenal, no personal.
En la institución hay funcionarios sumamente capaces, con quienes hemos podido alinear objetivos. No obstante, ante la necesidad de modernizar la gestión de la procuraduría nos hemos fijado como objetivo integrar todas las áreas de la institución con profesionistas honestos, capaces, experimentados, responsables, cada vez con mayor nivel de especialización y abiertos a la actualización constante. Es decir, auténticos profesionales del servicio público.
¿Por qué la Procuraduría General de la República insiste en atraer asuntos que no son de su competencia? Ayotzinapa, para no ir más lejos…
La procuraduría trabaja en el marco de la ley. Todos los casos de los que conoce el Ministerio Público de la Federación tienen el sustento jurídico que justifica su competencia. La facultad de atracción se ejerce cuando, con base en la ley, existen datos y hechos que requieren que la Federación asuma el conocimiento de un caso. Eso sin menoscabo de la corresponsabilidad que tenemos con las autoridades locales en las tareas de procuración de justicia.
En relación con la pregunta anterior, ¿por qué usted, en su papel de procuradora, insiste en desarrollar labores policiacas? ¿Revisar el lugar de los hechos, en el caso de la fuga del Chapo —por citar un ejemplo— no es una facultad de la policía federal?
En México la Procuraduría General de la República tiene encomiendas más amplias que la persecución del delito. La sola existencia de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal justifican y exigen de la procuraduría labores que coadyuvan con la investigación de campo y con los operativos de seguridad.
En el tema específico de lo ocurrido en el penal del Altiplano, se trataba de un caso de tal gravedad que tuve la necesidad, como titular de la institución encargada de la indagatoria, de contar con una visión de primera mano. Por supuesto, estaba acompañada del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal y del subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, cuyo personal tomó en sus manos las actuaciones ministeriales correspondientes.
En este contexto, la investigación de cualquier hecho delictivo federal está a cargo del Ministerio Público de la Federación, del cual yo, como procuradora, soy la titular. En este contexto, mi presencia en el lugar de los hechos fue para supervisar las diversas diligencias que realizaba el personal.
¿Cree que debe reformarse el artículo 21 de la Constitución y dejar la investigación a la policía y la persecución jurídica ante los tribunales al Ministerio Público?
Estoy convencida de que mi papel como procuradora general de la República es cumplir cabalmente con el marco constitucional y legal vigente, y dejar las decisiones políticas, que pueden convertirse en modificaciones normativas, al Poder Legislativo.
¿Cómo concibe la persecución del delito? ¿Hay que perseguirlo en un tribunal o en las calles, como un policía?
Por un lado, se persigue y se previene en las calles, mediante el diseño y la instrumentación de una política criminal de Estado, y, por otro, se combate en los órganos jurisdiccionales, mediante el papel de representación social que tiene el Ministerio Público de la Federación. Ambas son dimensiones esenciales para la seguridad ciudadana.
¿Cree que existe voluntad política para crear la fiscalía autónoma? Aunque el artículo 102 de la Constitución ya está reformado, no parece haber mucha prisa para expedir la ley reglamentaria…
La creación de la fiscalía es una decisión del Constituyente Permanente que de manera estructural reforma las bases jurídicas de la procuración de justicia federal en México.
Por ello es esencial que la normatividad que soporte esta medida tenga un minucioso proceso de diseño e instrumentación, aspecto que está desarrollando el Congreso de la Unión con toda atención.
Habrá que precisar las nuevas funciones de la fiscalía en el sistema penal acusatorio, las características de un Ministerio Público Federal renovado así como las herramientas que requerirá la Fiscalía General de la República.
¿Cuál considera su principal logro al frente de la Procuraduría General de la República?
Eso le tocará juzgarlo, en su momento, a la ciudadanía y al presidente de la República. Yo estoy con la mira puesta en el cumplimiento cabal de mi encargo, día con día.
Mi objetivo es entregar a los ciudadanos una procuraduría transformada, donde las investigaciones se sustenten en la ciencia del Derecho. Una procuraduría fortalecida en el respeto irrestricto de los derechos humanos de las víctimas u ofendidos, así como de los imputados. Una procuraduría que trabaje coordinadamente con los tres niveles de gobierno, a efecto de combatir de modo eficiente el crimen y disminuir los índices de impunidad. Una procuraduría transparente con una nueva cultura y con una estructura acorde a los principios y las reglas de un sistema procesal acusatorio, y más preparada para ganar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración e impartición de justicia.
¿Qué es lo que más le ha frustrado como procuradora general de la República?
No pienso en frustraciones, sino sólo en desafíos pendientes por superar. Y bienvenidos sean.
Me indigna, como a toda la sociedad, la forma en que grupos criminales han corrompido e infiltrado a las autoridades en algunas regiones. Por eso estoy comprometida con el cumplimiento puntual de las atribuciones de la Procuraduría General de la República atendiendo a los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Arely Gómez González es abogada egresada de la Universidad Anáhuac y maestra en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México.
Ha realizado gran parte de su carrera profesional dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde desempeñó los cargos de secretaria particular y coordinadora de ponencia del Ministro Mariano Azuela Güitrón, en la Segunda Sala de la SCJN; secretaria particular de la Presidencia de la SCJN; secretaria general de la Presidencia y oficial mayor de la SCJN. En 2007 fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República, cargo que ocupó hasta 2010 y, en 2012, se desempeñó como Jefa de Unidad de Asuntos Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Fue electa Senadora de la República para el periodo 2012-2018, actualmente con licencia. Presidió el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, fue secretaria de las Comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana e integrante de la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales. Desde marzo de 2015 se desempeña como Procuradora General de la República.
