Al margen - Julio 2019

¿Cuándo se considera que la Suprema Corte ha fallado un asunto? Cualquier abogado diría que, en principio, cuando el secretario da cuenta de los votos que emitieron los ministros… Por eso resultó tan confuso que el pasado 25 de junio, una vez emitida la votación sobre qué autoridad podría solicitar las cuentas bancarias de un imputado —si el ministerio público o el juez—, los ministros dieran marcha atrás a una resolución ya adoptada. La jurisprudencia a la que se aludió —dicen algunos constitucionalistas— fue estirada hasta lo inconcebible. Incluso, cuatro integrantes del pleno lo expresaron así. Ojalá que el Máximo Tribunal aclare los hechos porque hay quienes piensan que, si sigue así, pronto dejará de ofrecer seguridad jurídica...

 

 

El 70 por ciento de los jueces que hoy operan el sistema penal acusatorio fueron designados tras pasar concursos internos de oposición. El problema es que en estos concursos no se consideró su experiencia: se eligieron abogados con trayectorias fiscales, laborales y civiles, sin privilegiar a aquellos que han pasado su vida en los juzgados y en los tribunales en materia penal. ¿Ésta ha sido una omisión imperdonable o sólo una estrategia para que los juzgadores lleguen sin los vicios del viejo sistema penal?

 

 

Contra viento y marea, Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha sido congruente y consistente en realizar las tareas que le tocan. Señaló, en su momento, a las autoridades responsables de practicar torturas en el caso Ayotzinapa y no le ha temblado el pulso para arremeter contra quienes no respetan los derechos humanos. Esto le ha granjeado, además de los denuestos de María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, que el presidente de la República no recibiera su informe. Pero el ombudsman cumple con lo que se espera de él: una SCJN, un INAI y una CNDH cómodos para el gobierno no pueden ser confiables.