En el contexto de la guerra contra el narcotráfico en nuestro país y la escalada de la violencia ligada a las luchas de los cárteles por el control de los territorios para llevar a cabo diversas actividades ilegales, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México aborda en esta entrevista los temas relacionados con los aspectos económicos, sociales y legales del tráfico de drogas y el crimen organizado.
Suscríbete para seguir leyendo
El acceso a nuestros artículos es gratuito para nuestros Suscriptores del Newsletter.
Regístate gratis y obtén acceso inmediato a miles de artículos de El Mundo del Abogado.
Además recibe en tu correo un resumen semanal de las mejores notas del mes.
¿Cuál es el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y cómo se relaciona con el gobierno mexicano?
Hoy en día, el mandato de la UNODC probablemente es uno de los más sensibles en el mundo, ya que tiene que ver con todo lo relacionado con la justicia y la seguridad, pero también con la interrelación que existe con la gobernabilidad democrática. En ese sentido, el marco de acción de la UNODC se fundamenta en las convenciones de fiscalización de drogas, en la convención contra el crimen organizado transnacional y sus tres protocolos, en la convención contra la corrupción y en los instrumentos contra el terrorismo. En el contexto de ejecución de estas convenciones, la UNODC desarrolla los temas de implementación y administración de la justicia y la capacidad de las instituciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Desde hace siete años el gobierno mexicano y la coyuntura nacional han sufrido diversos cambios. ¿Cuáles han sido los mayores casos de éxito y los retos en la relación UNODC-México durante este periodo?
Yo considero que ha habido tres hitos fundamentales en la relación UNODC-México. Primero, el entendimiento de que el problema de seguridad y de violencia que vive México no está relacionado con un mercado criminal (los cárteles de drogas) sino con problemas estructurales de la administración de justicia y la seguridad pública. En este sentido, la UNODC ha contribuido al análisis de la violencia en México, tratando de evidenciar estas características. Segundo, el acompañamiento de las reformas institucionales y constitucionales que se ha dado a partir de 2008 en materia de justicia, en particular en la promoción y la protección de los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción, y en el ámbito político, la reforma que introduce las candidaturas independientes o la posibilidad de la reelección. Todos estos cambios enmarcan los contextos actuales de gobernabilidad y democracia, incluyendo una perspectiva de responsabilidad y transparencia por parte de las instituciones. El tercer hito que considero importante ha sido el debate nacional relacionado con el tema de las drogas que se ha fundado en una perspectiva de derechos humanos y de derecho a la salud.
En abril se llevó a cabo el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas realizado en Nueva York. ¿Cuáles son los resultados más significativos de la UNGASS 2016 y cómo van a influir en la relación con el gobierno de México?
Existen varias posiciones críticas en México acerca de los resultados de la UNGASS 2016, ya que había muchas expectativas acerca de una revolución en la política mundial de drogas, mientras que la UNGASS 2016 ha confirmado únicamente que en materia de políticas y estrategia mundial de drogas el proceso de avance será mediante evoluciones y no revoluciones. No obstante, es importante resaltar que la UNGASS 2016 finalmente ha logrado poner al individuo en el centro del problema de las drogas, y no el producto ni el consumo.
La UNGASS reconoce la necesaria diversidad en la búsqueda de soluciones con base en las características culturales de cada sociedad y país, promoviendo todas las experiencias y los experimentos destinados a brindar soluciones eficientes. Por otro lado, la UNGASS pone fin a la guerra contra las drogas y relanza la guerra contra los traficantes como operadores criminales. Finalmente, por primera vez, los Estados miembros aceptaron mirar el problema de las drogas y de la administración de justicia penal relacionada con las drogas, a través de una perspectiva de género y de proporcionalidad de la pena. Estos son avances fundamentales que tendrán una influencia directa sobre las políticas no sólo mexicanas sino internacionales sobre drogas.
Y hablando del debate de drogas, ¿cuál es la posición de la UNODC sobre el particular?
Para la UNODC, la promoción y la protección de los derechos individuales y colectivos de las personas, en el marco de la protección y la promoción de la salud, son los ejes fundamentales sobre los cuales deben estar sustentadas las políticas de drogas.
La UNODC es considerada guardián de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Cuáles son los mecanismos apropiados para fortalecer las instituciones con el objeto de hacerle frente a este flagelo en México?
Primero, es importante transmitir una idea clara de lo que es la corrupción y cómo combatirla. Segundo, promover un actuar decidido en materia de prevención, por medio de mecanismos que reduzcan los espacios de riesgo a la corrupción. Tercero, fomentar una verdadera cooperación, fundada en la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía y sus diferentes manifestaciones. En particular, no existe acto de corrupción sin el encuentro de las voluntades de dos actores, de lo cual deriva la necesidad de movilizar al sector privado para que sea actor fundamental en la defensa y promoción de la legalidad.
¿Qué son los delitos emergentes?, ¿qué tan importante es para México comenzar a desarrollar capacidades para hacer frente a este tipo de ilícitos?
La experiencia de la evolución del fenómeno criminal en México, así como también en otros países, muestra que los grupos criminales diversifican sus actividades, aprovechando las nuevas tecnologías y los mercados ilegales y paralelos. En muchos casos los delitos emergentes no cuentan con definiciones penales a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, el ciberdelito, el delito de tráfico de especies en vía de extinción o el tráfico de bienes arqueológicos. En esta perspectiva, es indispensable desarrollar la sensibilidad institucional necesaria para prevenir dichos ilícitos antes de que tengan efectos irreversibles. Por ejemplo, en el tema del tráfico de especies en peligro de extinción, nos enfrentamos a situaciones en que la sobrevivencia de ciertas especies se encuentra seriamente amenazada por el auge de los mercados ilícitos nacionales e internacionales.
En cuanto a los delitos contra la vida silvestre y los bosques, ¿qué acciones ha implementado la UNODC en México?
La sensibilidad de las autoridades mexicanas ha permitido a la UNODC el desarrollo y la aplicación de herramientas para evaluar la paridad y el cumplimiento de la legislación nacional con estándares internacionales. Este ejercicio nos ha permitido, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, empezar un trabajo con los operadores en materia de justicia, tanto en México como en la región centroamericana, enfocándonos en la urgencia de actuar. El problema no es sólo de los elefantes africanos o del tigre siberiano. Latinoamérica y México poseen los patrimonios más importantes de biodiversidad y por eso necesitamos protegerlos y salvaguardarlos.
Sabemos que la UNODC tiene experiencia a nivel mundial en el tema de la reforma penitenciaria. ¿Cuál debería ser la dirección a seguir para una obtener una reforma penitenciaria exitosa?
La reforma del sistema de justicia penal en México abre nuevas perspectivas respecto de la administración de la justicia y el papel del sistema penal. En este sentido, los postulados de la UNODC recomiendan recurrir a las penas privativas de libertad solamente cuando es necesario, es decir, cuando el crimen tiene un impacto moral particular (corrupción) o bien de violencia. La pena siempre debería estar orientada hacia la rehabilitación y nunca derivar en violaciones a los derechos humanos. Es una lástima que hoy en día en muchos escenarios del continente las instituciones al parecer han renunciado a su función y entregado de facto a poderes paralelos la gestión interna de algunos institutos penitenciarios. Hoy son estos los lugares donde las instituciones casi voluntariamente abdican a la ley de la violencia, donde nuestras democracias renuncian al Estado de Derecho. Si de verdad nuestros sistemas quieren solucionar los problemas de la violencia, de la inseguridad y del crimen, hay que empezar por las instituciones penitenciales y de la administración de la justicia. El nuevo modelo deberá enfocarse a la educación sobre los modelos que pretenden solucionar los problemas de la violencia y de la injusticia con sistemas de administración de la pena violentos e injustos.
A lo largo de los últimos años, un delito de lesa humanidad como la trata de personas ha cobrado relevancia en el espectro nacional. ¿Cuál es el papel de la UNODC en el combate y la prevención de este delito?
La UNODC ha desempeñado un papel fundamental en la visibilización del delito, en la sensibilización de las instituciones y la comprensión de la naturaleza de este delito. Junto con las instituciones y las organizaciones civiles, ha desarrollado un marco normativo que protege a la víctima y persigue al traficante. Asimismo, las acciones se complementan con campañas de prevención y apoyo a las víctimas. Todavía hay mucho trabajo qué hacer y nunca podremos descansar mientras haya una víctima de este horrible crimen.
En el contexto mundial, cotidianamente se escuchan historias de migrantes que abandonan sus países por diversas razones, la mayoría de los cuales lo hace de manera irregular apoyada por redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes. ¿Qué acciones ha realizado la UNODC en México para contrarrestar este tráfico?
La migración es un derecho, independientemente de la forma en la que el derecho es ejercido, pero siempre hay grupos y organizaciones que se aprovechan del deseo legítimo del migrante a una vida mejor, para ofrecerle servicios de traslado a través de las fronteras. Desafortunadamente estos fenómenos tienen un impacto trascendente en la regulación de la migración y en el ofrecimiento al migrante de pasaje seguro. El migrante que se entrega a las organizaciones de tráfico es una víctima que se expone al riesgo de la explotación y que en muchos casos paga con su propia vida el sueño de un futuro mejor. La UNODC busca fomentar la protección del migrante para evitar que sea víctima de los traficantes o criminalizado por las instituciones de control migratorio, y, al mismo tiempo, se aboca a la persecución de las organizaciones traficantes.
Por último, ante el amplio panorama que nos ha planteado, ¿cómo visualiza el futuro de la UNODC en materia de cooperación con el gobierno de México?
La oficina de la UNODC abrió sus puertas en 1990 con un mandato muy reducido, aunque hoy en día es muy actual: la reducción del cultivo de drogas a través de intervenciones sociales y económicas. Veintiséis años después, con un mandato mucho más amplio, la UNODC desea brindar el mismo enfoque de derechos, desarrollo social y económico, estrategias preventivas y de legalidad, no sólo a los problemas del cultivo ilícito, sino a violencia, el crimen organizado, la cultura de la corrupción y la ilegalidad y el abuso de drogas.
Ofrecemos estos servicios a los estados, a los municipios, a las instituciones federales, a la sociedad civil y a la academia, para construir juntos un México más seguro, más equitativo y, sobre todo, más justo.
Antonio Luigi Mazzitelli es licenciado en Derecho por la Universidad de Bolonia, y tiene posgrados en cooperación internacional y políticas de intervención en países en desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas de la misma universidad.
En 1990 se incorporó al Secretariado de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena. Desde 1992 ha trabajado en diferentes cargos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en Viena, Nigeria y Colombia. En 1996 fue encargado de abrir la oficina de la UNODC en la República Islámica de Irán, donde asumió el cargo de representante hasta diciembre de 2002. Entre 2003 y 2009 fue responsable de la Oficina Regional de la UNODC para África Central y Occidental en Dakar, Senegal, con un mandato operativo sobre 25 países de las dos regiones. En 2009 fue designado representante regional para México, Centroamérica y el Caribe, cargo que desempeñó hasta el establecimiento de la primera Oficina de Enlace y Partenariado de la UNODC, en 2012, en la que, desde octubre de ese año, se desempeña como representante de la oficina en México.