Tanto al emitir una medida cautelar —como la prisión preventiva—, como en el momento de dictar una sentencia, la decisión debe ser tomada por un jurado popular, integrado por ciudadanos comunes, con el objetivo de prevenir que los funcionarios judiciales actúen siguiendo las orientaciones o sugerencias de funcionarios del Poder Ejecutivo.
El derecho fundamental más preciado, después de la vida, es la libertad personal. Actualmente, en nuestro país se suscita un debate, y estimo que así continuará por muchos años, con respecto a la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Hay quienes consideramos que la prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa, atenta contra el principio de presunción de inocencia y constituye una pena corporal anticipada.
La historia de nuestro país ha dejado muy claro que enviar a prisión a adversarios políticos o a quien ose perturbar los proyectos o los intereses del grupo de gobierno en turno o de sus aliados empresariales es una herramienta que puede ser utilizada por quienes se hallan en el poder.
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