¿Hasta dónde llegará la Unidad de Inteligencia Financiera?

Con el propósito de coadyuvar en la prevención a los delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita, en 2004 se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como una instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El autor reflexiona sobre las facultades y los límites que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impuesto a esta área de inteligencia financiera.

Durante casi los últimos 50 años del siglo XX diversos alumnos de la Facultad de Derecho que buscaban obtener su título de licenciatura proponían trabajar en un tema relacionado con el Ministerio Público y sus conclusiones rondaban siempre en la ampliación de facultades del órgano investigador. Los asesores, no con poca condescendencia y generosidad, instaban a los alumnos a cambiar de tema, pues de seguir esa vertiente la institución acabaría con poderes omnímodos e ilimitados. En la práctica, cuando los servidores públicos se ven limitados por el principio de legalidad, consideran que la ley es un estorbo y que, si pudieran, ampliarían sus facultades. Es una tentación recurrente que sólo pone en peligro a los gobernados, cuya esfera de derechos se vería reducida proporcionalmente.

En los últimos meses hemos sido testigos de distintos ataques a la legalidad y a quienes la hacen posible: los jueces y los magistrados. De modo que cuando una autoridad se ve limitada por la ley persigue, como aquellos alumnos, ampliar sus facultades. Al grado de que, más que abogados, ya utilizamos lenguaje odontológico para hablar de sus intenciones: dotar de dientes a la autoridad.