En el México del siglo XXI no existen incentivos para querer ser policía, perito o fiscal, sostiene el autor, al poner en tela de juicio la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, que permite remover a dichos profesionales al antojo de sus superiores.
Aducir la deshonestidad de los policías a la hora de investigar, la escasa destreza de los peritos cuando aportan pruebas o la negligencia de los fiscales al argumentar, se ha vuelto lugar común.
“Les falta preparación”, se quejan los activistas. “Peor que eso —insisten los académicos—, carecen de compromiso.” Unos y otros coinciden en que el origen de la corrupción, la impunidad y la inseguridad que padece México está vinculado con sus recursos humanos.
¿Por qué, entonces, si esto es tan obvio, aún no tenemos esa policía, esos peritos y esos fiscales que la mayoría de los mexicanos anhelamos?
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