Los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos de las mujeres han adquirido una importancia trascendental en México. Durante las últimas décadas hemos visto cómo es que, tanto los gobiernos nacionales como los estatales, han establecido políticas públicas y acciones afirmativas con el objeto de garantizar que las mujeres puedan tener un acceso, en igualdad de oportunidades, a los distintos espacios de la sociedad.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incorporó la perspectiva de género como un eje transversal en la conformación de todas las políticas públicas federales; la reforma constitucional en materia política-electoral de 2014, a su vez, estableció la acción afirmativa de paridad de género como una obligación de los partidos políticos en la elección de candidatos a puestos de elección popular.
También, actualmente se está discutiendo una reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales con el objeto de tipificar la violencia política en razón de género, en el marco de las elecciones.
Es claro que los movimientos feministas y la lucha por la consolidación de una igualdad sustantiva han adquirido un nuevo protagonismo en el país. Esto, como respuesta a los modelos patriarcales dominantes, pero también como parte de los distintos planteamientos teóricos y sociales que a lo largo del siglo XX buscaron consolidar una sociedad más igualitaria.
Así, como bien lo advierte Gilles Lipovetsky: “No cabe duda de que ninguna conmoción social de nuestra época ha sido tan profunda, tan rápida, tan preñada de futuro, como la emancipación femenina […] El gran siglo de las mujeres, el que ha revolucionado más que ningún otro su destino y su identidad, es el siglo XX”.
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