Ernesto Villanueva Villanueva e Hilda Nucci GonzálezUniversidad de Guadalajara, 2017
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Los sistemas financieros a nivel mundial evolucionan y se transforman permanentemente para acoger las necesidades de los individuos y de los mercados. El sistema financiero mexicano no es la excepción; en la actualidad, su principal reto es abrir canales para que fluyan recursos financieros que detonen la productividad y la actividad económica del país.
Esta labor presenta cada vez más desafíos, no sólo por el grado de complejidad de los mercados sino porque los canales financieros han sido aprovechados, entre otras cosas, para desplazar recursos de procedencia ilícita a través de operaciones cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.
En consonancia con las mejores prácticas internacionales en materia de combate a lo que comúnmente se conoce como “lavado de dinero”, en 2012 se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley complementa en el sector financiero los esfuerzos que en otros ámbitos está llevando a cabo el Estado mexicano para afrontar, desmantelar y prevenir que recursos obtenidos fuera de la ley ingresen al sector financiero.
Blindar el sistema financiero de operaciones con recursos ilícitos es una tarea sin término y prioritaria para todos sus participantes, tanto nacionales como internacionales. En este contexto, la obra que coordinan Hilda Nucci González y Ernesto Villanueva Villanueva, a través de la cual se explica con detalle el contenido de la ley, es de suma trascendencia para los que integramos y hacemos uso del sistema, y más allá, para la ciudadanía en su conjunto, puesto que es una herramienta que facilitará la comprensión y la adopción de los mecanismos para combatir conductas ilícitas comprendidos en la norma.
Este libro esclarece el significado, los alcances y los retos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo cual adquiere relevancia especial por tratarse de una normativa que no ha sido suficientemente explorada por la sociedad. Además, en este texto se da cita un grupo de especialistas en la materia que se han sumado a la iniciativa lanzada por Hilda y Ernesto.
Celebro este esfuerzo de coordinación, que será de mucha utilidad tanto para los gobernantes como para los gobernados para coadyuvar al entendimiento y la instrumentación de medidas para proteger el sistema financiero de operaciones que convienen al interés público. Además, reconozco y agradezco su aportación para la generación de conocimiento con valor agregado de la ley y de la materia, el cual es claramente de beneficio común.
Por último, felicito a los colaboradores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por sus aportaciones a este estudio. Esto nos compromete aún más en esta tarea que resulta indispensable para evitar que las personas que obtengan recursos de procedencia ilícita se beneficien de un sistema financiero sólido y robusto.