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Cuando comencé a leer Contra la cadena de perpetua experimenté grandes contradicciones: el incremento del crimen organizado transnacional, la violencia generalizada y el terrorismo incita a que los operadores jurídicos y los actores políticos busquemos establecer medidas punitivas más radicales, con el objeto de atender las demandas de la sociedad.
Pero, como bien lo refiere este libro, la prisión perpetua puede ser considerada un trato inhumano, porque no sólo restringe la libertad del reo sino que, literalmente, significa perder la vida en prisión.
Este libro surge como una denuncia a la reforma española de 2015 mediante la cual se restableció la cadena perpetua en el Código Penal. Los autores dividen el texto en dos partes. La primera contiene el análisis del “Dictamen de constitucionalidad” que el grupo parlamentario socialista del Congreso solicitó cuando se discutía la reforma. La segunda consta de diversas reflexiones en relación con el tema. Algunos académicos clasifican la pena como prohibida por tratarse de una tortura que puede afectar la psique del sentenciado, quien pierde cualquier esperanza por estar condenado a morir en reclusión. Se argumenta que la prisión en sí misma es un factor de riesgo para la salud mental del reo; la pérdida de la libertad personal afecta su estado de ánimo incluso cuando la privación de su libertad es por tiempo limitado. Y cuando debe ser de por vida, ¿cómo querría seguir viviendo en el encierro?
En el debate doctrinal centrado en la elaboración del dictamen se advierte una involución en el marco del desarrollo de las ciencias penales. La obra subraya que la cadena perpetua fue eliminada de los ordenamientos en 1928 y que en la actualidad su reintegración obedece más a presiones sociales que a soluciones efectivas de política criminal.
La época de la Ley de Talión ha quedado atrás. Hoy la pena debe ser análoga y proporcional. Los más progresistas abogan por una justicia resiliente, enfocada a la restitución o a la reparación integral del daño. Para éstos, más que castigar al culpable, es importante enfocar los esfuerzos en la prevención de riesgos y, en el caso de la existencia de un delito, buscar vías para rehabilitar a una sociedad quebrantada por la comisión de ese acto ilícito.
Sin embargo, contra las nacientes teorías del siglo XXI, España ha integrado nuevamente la cadena perpetua como parte del catálogo de sus penas corporales.
Luis Arroyo Zapatero, Antonio Lascarían Sánchez y Mercedes Pérez Manzano salen en la defensa de los derechos humanos de los reos, y nos recuerdan que, sin importar el crimen cometido, ninguna persona debería sufrir los embates, psicológicos, sociales y morales, que genera la prisión perpetua.
