En sus oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel Mossa nos recibe con semblante sereno pero firme, y sentencia que si el Sistema Nacional Anticorrupción no empieza a dar resultados, la gobernabilidad del país estará en un grave riesgo, pues de su debida puesta en marcha depende retomar la credibilidad en las instituciones públicas.
A tres años de aprobada la reforma constitucional, ¿cómo evalúa la actuación del Sistema Nacional Anticorrupción?
El Sistema Nacional Anticorrupción constituye un gran avance en la vida institucional de México. La reforma ocurrió en un momento crucial para la vida de México. Por un lado, estaban en auge los groseros escándalos de corrupción, mediante la cual los servidores públicos y sus mal llamados socios abusaron del poder público para hacerse ricos; por el otro, los servicios que debe brindar el Estado y que se solventan con el dinero de los impuestos de los ciudadanos no cumplían —y siguen sin cumplir— las expectativas de quienes los pagamos; todo esto en un entorno en el que los salarios no alcanzan para mantenerse con decoro, inicia el alza de combustibles y la inflación crece, al mismo tiempo que la inseguridad no cesa y deja a las personas en indefensión.
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