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¿Por qué decidió especializarse en el área del Derecho fiscal?
Me parece fascinante la posibilidad de planear e implementar un litigio respecto de la validez o invalidez de un acto administrativo, sobre la constitucionalidad de una norma, o incluso tener una interacción con la autoridad fiscal con el propósito de resolver un conflicto sobre la aplicación de una norma tributaria. En los últimos tres años, un porcentaje muy importante de los asuntos se resuelven con la autoridad administrativa, ya sea de manera directa o con la intermediación de algún órgano como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Esa parte del Derecho es fascinante, porque el particular siempre está en una relación de desigualdad con el Estado; entonces, encontrar cuál es el punto justo o el equilibrio correcto entre las finanzas públicas, el gasto público, los proyectos que tiene el gobierno y la parte de lo que tenemos que aportar todos los mexicanos para el sostenimiento del Estado, es un reto muy interesante. De ahí mi afición por el Derecho administrativo y, específicamente, por el fiscal.
A un año de su gestión como presidente de la ANADE, ¿qué significa representar al Colegio de Abogados de Empresa más grande de México?
Sin duda es un gran reto, a la vez de un privilegio, representar a profesionales de la calidad de los abogados que son miembros del colegio. Por supuesto, esto también implica una gran responsabilidad. Hoy el colegio tiene alrededor de 2,200 miembros que participan en toda la República. Tenemos presencia activa en ocho entidades del país a través de nuestras secciones y próximamente esperamos tener una presencia importante en el sureste y en el noreste.
Todos los abogados poseen una vocación muy clara, ya sea como abogados internos al servicio de las empresas, o bien como abogados externos dedicados preponderantemente al asesoramiento jurídico de éstas. Este contexto nos permite conducir nuestro actuar con una vocación claramente enfocada hacia el ámbito empresarial, a diferencia de lo que pudiera pasar en otras instituciones que representan los intereses de diversos sectores de la población.
En nuestra actuación siempre tratamos de apoyar el desarrollo del abogado que está siendo la conciencia de las empresas desde las diversas áreas del quehacer jurídico: laboral, fiscal, administrativa, de seguridad social, de propiedad intelectual, de telecomunicaciones, penal y civil, entre otras.
Contamos con 20 comités de trabajo y lo que hacemos básicamente es integrar a esos abogados en dichos comités para que tengan un lugar donde analizar las diversas problemáticas jurídicas que enfrentan las empresas. Nuestro objetivo, en una primera etapa, consiste en propiciar los foros técnicos que permitan una mejor cultura jurídica y un mejor Estado de Derecho.
Por otra parte, pugnamos por la educación profesional continua. Ofrecemos actualizaciones a los abogados de las empresas y a los que estamos asesorando en cuanto a diversos aspectos de la práctica profesional.
¿Qué significa ser “anadista” y por qué es tan importante que los abogados de empresa se incorporen al colegio?
Quizá la mejor respuesta es que te hable de mi experiencia y por qué me volví anadista. Ingresé al colegio hace 18 años y desde entonces veía a la ANADE como un lugar en el que los abogados en general tenían la posibilidad de participar en el análisis de los asuntos técnicos que se planteaban en el seno de los comités de trabajo. La posibilidad de poder opinar y ser escuchado es algo que puede hacer que los abogados se involucren, que quieran seguir en el colegio, creando un sentido de pertenencia a la ANADE. Desde el anadista de nuevo ingreso hasta el que ya tiene 20 años o más en el colegio, sin importar si tiene algún cargo o si fue ex presidente o no, se sientan en la misma mesa de trabajo y todos tienen la oportunidad de participar en ese análisis que enriquece a todos.
Quizá el otro aspecto que para mí es vital, más allá de que satisface la parte profesional con un enfoque empresarial, es el sentido de fraternidad que hay en el Colegio. Cuando decidí lanzar mi candidatura para llegar a la presidencia, acompañado por otras diez personas más que integrarían los cargos del consejo directivo nacional, establecimos un eslogan que identificaba a ese grupo de personas y al proyecto que teníamos. Este eslogan hoy podemos encontrarlo en muchos comunicados del colegio: “Institucionalización y fraternidad en una sola visión”. Eso es la ANADE.
Eso es lo que a mí me atrajo siempre de la ANADE, lo cual quiero dejar como un legado, que no se pierda y que se acreciente. Que cada día seamos más institucionales, pero sin perder ese espíritu de amistad y fraternidad entre los miembros de la asociación.
¿Cuáles son las tareas pendientes o qué retos faltan por afrontar?
Entre los retos de este segundo año del bienio está el crecimiento del colegio; el año pasado trabajamos muy arduamente para lograr la apertura de nuevas secciones. Estuve viajando a aquellas entidades donde se está formando la asociación civil que constituirá la sección. Por ejemplo, la del sureste, que al principio tendría capítulos en Mérida y en Cancún. Otra de las secciones que queremos abrir es la del noreste, que tendría su sede en Tampico. En el Bajío tenemos Querétaro, pero hoy el reto es llegar a Guanajuato y a Aguascalientes.
Además, existe un proyecto de gran calado relacionado con el código de ética profesional. Ya se concluyó la primera parte, que consiste en la revisión del código y en la adopción de algunos modelos deontológicos de algunos países con los que tenemos contacto. Lo que sigue ahora es reformar los procedimientos para que alguien que se sienta agraviado por la conducta ética de un anadista pueda presentar una denuncia formal ante el colegio, siempre que tenga un interés jurídico para hacerlo.
Y así como le pedimos a alguien que sea escrupuloso con el cumplimiento de la ética, también el colegio tiene que adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas cuando puedan ser objeto de abusos por parte de la autoridad o en el ejercicio de la abogacía. Aclaro: no se trata de litigar a través del colegio.
Cuando una persona esté siendo atacada injustamente como consecuencia del ejercicio de su profesión, el colegio conocerá el caso y analizará de forma expedita si hay algún problema. La idea es que a través de los mecanismos que estamos creando en relación con las procuradurías podamos atender el conflicto, procurando actuar lo más rápido posible para evitar una eventual violación a los derechos del abogado.
Éste es un gran reto que nos impusimos desde el inicio. Ya hemos avanzado al respecto y quiero cumplir con ese desafío antes de que concluya el bienio.
Platíquenos de los proyectos que llevaba a cabo la ANADE en materia de trabajo pro bono.
Acabamos de constituir la Fundación ANADE, un proyecto que también tuvimos en este bienio que busca encauzar la actividad en beneficio de los sectores más desfavorecidos del país a través de un ente distinto al colegio, que desde luego depende y está vinculado directamente a él, pero cuya finalidad puede ser diferente a la que tiene el colegio profesional en sí. Un colegio tiene como principal tarea proporcionar capacitación continua a sus integrantes, vigilar el cumplimiento de la ética profesional e impulsar algunos proyectos relacionados con el trabajo pro bono; si lo anterior lo hacemos a través de una institución, de una asociación civil dedicada preponderantemente a esos efectos, la labor es más fácil.
¿Qué va a hacer está fundación y dónde estará enfocando el trabajo pro bono?
Tenemos varios programas. Uno de ellos se llama Adopta una A.C. que está enfocado a las asociaciones civiles que apoyan a sectores de la población desfavorecida y promueven actividades en pro de un México mejor y que muchas veces se dejan inconclusos sus objetivos porque no tienen una adecuada asesoría jurídica. Un miembro de nuestro colegio se va insertando como asesor en el consejo directivo de cada una de esas asociaciones, para que cuando se presente algún problema que requiera atención específica, sea el primer contacto del colegio con ellas.
El tema de los emprendedores también me llama mucho la atención, pues se trata de jóvenes que están comenzando su carrera y tienen unas ideas espectaculares, pero les hacen falta fondos para impulsar sus proyectos o el conocimiento de algunos procesos. Si ese desarrollo no arranca de la mano del conocimiento de qué pueden hacer y qué no, de cómo deben hacerlo, de cuáles son los permisos y las autorizaciones, y de cómo llevar un adecuado gobierno corporativo, la probabilidad de que desaparezcan por un tema legal es muy alta.
También hay un área adicional que estamos abordando: se trata del litigio estratégico en el que podría haber un tema de impacto social importante; por ejemplo, existen comunidades que eventualmente se vieron afectadas por alguna empresa que arrojó residuos tóxicos en un río y nosotros estamos viendo cómo apoyarlas en esa contingencia.
¿Qué iniciativas o propuestas está impulsando la ANADE en el Congreso?
En todos los aspectos en que tenga cabida el Derecho de empresa ahí vamos a trabajar. Estamos atentos a las iniciativas que se presenten por parte de los órganos que tienen la facultad para promover la creación de leyes. Tratamos el tema desde antes de que se presenten al Congreso. En su génesis apoyamos el análisis de las alternativas que, desde el punto de vista jurídico, existen, valorando pros y contras de cada una de ellas.
En materia fiscal hemos estado muy cerca de las autoridades, tanto de la Prodecon como del SAT, para vigilar cómo se está modificando el entorno fiscal y qué podemos hacer para tratar que ese entorno responda a las necesidades de las empresas.
Hay una iniciativa que también hemos impulsado, y sobre la cual hemos estado trabajando desde hace algunos años: la colegiación obligatoria.
Hay quienes ven en este tema un asunto de poder o económico por parte de los colegios. ¿Usted qué opina?
La realidad es que nosotros apoyamos e impulsamos la colegiación obligatoria porque creemos que constituye una solución muy clara al gran problema de justicia en el país.
Hace un año el presidente de la República pidió al CIDE un estudio respecto del tema de la justicia cotidiana. Con una técnica de investigación escrupulosa se detectaron los tópicos para mejorar esa justicia. Fue un análisis muy acucioso que concluyó que uno de los cuatro principales aspectos que se deben tomar en cuenta para solucionar el problema de la justicia es el reordenamiento de la profesión jurídica. Hoy hay más de 1,600 escuelas donde se enseña Derecho en México, pero en Estados Unidos no hay más de 400, y eso que nosotros constituimos la tercera parte de la población estadunidense. La proliferación de escuelas no permite supervisar de manera adecuada los programas de estudio, ni la formación de los egresados de esas instituciones.
Una de las maneras de reordenar la profesión jurídica es mediante la colegiación obligatoria, porque para ejercer los abogados tendrían que aprobar su examen de acceso a la profesión y pertenecer a un colegio, el cual garantizará la educación profesional, al igual que las universidades y otras instituciones educativas. Así, quien contrate a un abogado sabrá que éste tiene por lo menos los conocimientos mínimos para prestar sus servicios.
Los colegios podrán sancionar a un abogado que haya generado un problema a su cliente por falta de ética, y que hizo que perdiera un bien, que fuera a la cárcel o que perdiera la patria potestad de sus hijos. Los colegios solo serían un instrumento para la correcta aplicación de los códigos de ética
¿A cuántos abogados han sancionado durante el tiempo que han existido los colegios?
Afortunadamente, a muy pocos. Hoy la colegiación es voluntaria y los que están interesados en adherirse a ella son personas preocupadas por su educación continua, por su quehacer ético. Y por eso, afortunadamente, no hay una incidencia importante de casos de violaciones a la ética profesional. Pero si la hubiera, hoy están establecidos los mecanismos para solicitar que se analice la conducta y se juzgue a la persona que está siendo imputada. Y si se encuentra una imputación fundada, el colegio la puede sancionar.
Sin colegiación obligatoria el inconveniente es que, si se pretende sancionarlos, los afectados simplemente abandonan del colegio, renuncian a la potestad y se acabó el problema, porque no existe la obligación de estar colegiado ni de respetar esa potestad.
Algunos detractores de la iniciativa señalan que sí es necesaria la capacitación y la certificación, pero que no debe haber obligatoriedad en la colegiación...
Si bien hay que trabajar en la certificación y en los reconocimientos de validez oficial de estudios, esto no soluciona la problemática de falta la ética profesional. De hecho, si un abogado actuara con ética no tendría que tomar un asunto del que no conoce, y así la certificación pasaría a ser un segundo término, porque la capacitación estaría inmersa en la prestación de servicios al cliente.
Ricardo Cervantes Vargas es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, con estudios en Derecho público local y en criminología en la misma institución. Se ha desempeñado en las áreas económico-corporativa y de Derecho administrativo y fiscal, incluido el litigio en estas materias, en las firmas Torres y Huacuja Abogados, S.C.; Basham, Ringe y Correa, S.C., y Chevez, Ruiz, Zamarripa, de la que es socio desde 2002.
Asimismo, es miembro de la Comisión de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la Barra Mexicana de Abogados, y del Comité de Derecho Fiscal de la ANADE, donde se ha desempeñado como coordinador del Comité de Derecho Fiscal, y como vocal y tesorero del consejo directivo nacional.
