A más de un año de finalizar la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, ¿cómo lo ve usted?
En consolidación. Se trabaja para lograr un estándar de criterios de organización, procesos y prácticas de todas las instituciones de procuración de justicia en el país. Se está fortaleciendo la capacitación de los operadores del sistema acusatorio, a efecto de homologar sus actividades para la realización de los principios generales del proceso penal, consagrados en el artículo 20 constitucional: “Lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.
Fortalecer la capacitación de los operadores podría resultar un tanto vago. ¿Qué se busca en concreto?
Dotar a los operadores jurídicos de habilidades suficientes que les permitan integrar carpetas de investigación bien fundamentadas, sustentar teorías del caso sólidas y hacer uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando procedan. Si tenemos un mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y una misma Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, debemos contar con una única forma de procesar los delitos.
¿Cuál es el desafío más importante en esta etapa?
Generar un cambio de mentalidad en los operadores y los usuarios del sistema. El paradigma procesal penal cambió y es necesario que todos los integrantes del sistema se ajusten a los modelos mentales de la nueva forma de procurar justicia. No se puede seguir actuando ni razonando con la lógica del sistema penal inquisitivo.
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