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Leí, en el último número de la revista (edición 199, noviembre de 2015), la opinión publicada acerca de la colegiación obligatoria. El título llamó mi atención, pues pensé que, al fin, encontraría alguna propuesta alternativa que permitiera la discusión y el contraste de ideas. La lectura de la opinión, sin embargo, resultó decepcionante porque no hay ideas a discutir, ninguna propuesta se vierte y las descalificaciones que se quieren construir resultan francamente irrisorias. Los autores no solamente no leyeron el documento al que parecen aludir, sino que ni siquiera se preocuparon por conocer la situación jurídica del mismo. Gastan municiones para tratar de matar a un pato muerto.
Si al menos se hubieran preocupado por situar adecuadamente sus opiniones, hubieran advertido que las mismas hacen referencia a un documento que es público desde hace 20 meses pero que además se puede considerar muerto en la cuna, porque el reglamento del Senado de la República dispone que al no haber sido dictaminado pasó a engrosar el archivo histórico. Aunque los términos de ese documento podrían ser retomados, jurídicamente ha dejado de tener el carácter de iniciativa y esto debían saberlo los autores de la opinión.
Los autores, se advierte, no se han asomado a la problemática del ejercicio de las profesiones, y aunque tratan de poner el acento en el correspondiente a los abogados, tampoco aluden a los problemas que lo circundan.
Si en verdad se quiere abordar la situación del ejercicio profesional de los abogados es necesario partir de algunos puntos específicos, cuyo análisis resulta indispensable.
Por ejemplo, es necesario saber cuántos abogados hay en ejercicio. Al día de hoy nadie, llámese autoridad o particular, puede dar respuesta a esa pregunta. Como consecuencia de ello, tampoco sabemos en qué áreas del ejercicio profesional se desempeñan, en qué regiones lo hacen o cómo llevan a cabo su ejercicio; cuántos lo hacen sin el título correspondiente o cuántos con títulos falsos. Menos aún sabemos cuántos de esos abogados tienen la experiencia y los conocimientos actualizados pertinentes para el desempeño de los servicios que les son demandados.
La sociedad receptora de los servicios requiere de algún grado de certeza acerca de ello, pues continuamente se escuchan quejas y reclamos que, sin embargo, no se traducen en responsabilidades para quienes incurren en prácticas indebidas.
Es cierto que un aspecto primordial para el ejercicio profesional es la adecuada formación. Sin embargo, es evidente que en nuestro país esa formación acusa desniveles de importancia y que, frente a instituciones educativas de indudable calidad, se encuentra un número importante de instituciones cuyos programas ninguna calidad tienen. Ello, sin embargo, al momento del ejercicio, no ofrece distinción entre los egresados de una u otras instituciones y, por tanto, con esa dispar formación se arrastra desde el origen una diferencia que se vuelve insalvable.
Por otra parte, debemos admitir también que no es suficiente con esa formación inicial y que una aceptable prestación de servicios exige la actualización continua de los conocimientos, así como la efectiva experiencia en la prestación de los mismos. Tampoco existe hoy medio alguno que permita dar a los receptores de los servicios una cierta certeza de que esos conocimientos y esa experiencia son efectivos.
Ya no vivimos en una sociedad en la que la recomendación de boca a boca era suficiente. La evidente masificación exige otros medios para, reiteramos, dar a la sociedad una cierta seguridad de que quien ofrece los servicios cuenta con las calidades mínimas para ello.
Para hacer frente a esa problemática, aquí apenas enunciada y que requiere, sí, de análisis y discusión, es que se ha propuesto la colegiación legal. Con esa medida ni se hace crecer la burocracia, ni se crean cotos de poder, ni se imponen gravámenes desproporcionados a quienes ejercen o desean ejercer la profesión. Se preserva y protege, en cambio, la necesaria independencia profesional y se permite que los usuarios de los servicios tengan medios para exigir responsabilidades y certezas sobre la condición de quienes ofrecen los servicios.
Cuántos colegios debe haber, qué requisitos deben cumplirse para su reconocimiento, cómo instrumentar la participación democrática en las decisiones, qué garantías deben establecerse para evitar la perpetuación en los cargos, cómo evitar que las cuotas de los agremiados se desvíen hacia fines distintos, por ejemplo, son cuestiones que deben ser discutidas para alcanzar soluciones racionales. Lo que no parece racional es decir no a la propuesta sin abordar la problemática y sin proponer alternativa de solución.
Es indudable que algunos podrían sentirse afectados con alguna medida de control; sin embargo, parece indiscutible que es necesario tomar medidas para la ordenación de la profesión y que dichas medidas han de ser instrumentadas por los profesionistas mismos, aunque la autoridad tenga un papel de supervisor y salvaguarda para evitar excesos o actuaciones indebidas. Todo para proteger los intereses de los receptores de los servicios, pero también los de los propios profesionistas.
Los límites de esta comunicación no permiten aludir a cada uno de los puntos que se vierten en la opinión a que me refiero, pero sería deseable que se abriera un espacio en el que tales puntos pudieran ser analizados.
Notas
* Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., en la que se ha desempeñado como coordinador de la Comisión de Estudio y Ejercicio Profesional de Finanzas Públicas y Derecho Fiscal, así como segundo vicepresidente y miembro de la Junta de Honor.
