Políticas públicas en la atención a víctimas: una propuesta metodológica, 2ª ed.

INACIPE, México, 2017

Desde la reforma constitucional en materia de procuración y administración de justicia, la víctima y el ofendido del delito cobraron una gran relevancia en el sistema penal mexicano. Sus derechos, contenidos en el artículo 20 constitucional, fueron ampliados y se les otorgó el carácter de parte.

Posteriormente, con la reforma de 2011 en derechos humanos se consolidó una importante transformación de las políticas públicas del Estado, no sólo por el reconocimiento constitucional de los derechos consagrados en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, sino también porque se asumió la responsabilidad de respetar, atender y reparar las violaciones de derechos humanos.

Todo lo anterior motivo una importante transformación del sistema jurídico mexicano, se publicó la Ley General de Víctimas y se creó la Comisión Ejecutiva de Atención; pero en la medida en que las víctimas cobraron relevancia en el sistema, pronto se advirtió la necesidad de conformar políticas públicas capaces de enfrentar su problemática.