Aunque la vigencia de los derechos humanos y de los derechos ambientales debería ser un imperativo para todos los países, se está volviendo una constante el resurgimiento de discursos políticos que atentan contra el derecho ambiental internacional. El autor reflexiona sobre la resolución 72/277, adoptada por las Naciones Unidas en 2018, encaminada a iniciar trabajos para la adopción de un Pacto Mundial para el Medio Ambiente.
El 10 de mayo de 2018 la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (AGONU) adoptó la resolución 72/277 intitulada “Hacia un Pacto Mundial para el Medio Ambiente.1 La resolución reafirma la vigencia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y recuerda a los Estados parte la relevancia de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para revitalizarlos a través de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La resolución 72/277 mandata el desarrollo de un informe técnico que permita identificar y evaluar los posibles vacíos en el Derecho internacional del medio ambiente con el fin de fortalecer su aplicación. Asimismo, decide establecer un grupo de trabajo especial para examinar el referido informe y considerar posibles opciones para abordar los vacíos y sus problemáticas, con el propósito de formular recomendaciones a la AGONU en 2019. Entre la naturaleza y las opciones de recomendación se consideró convocar incluso a una conferencia intergubernamental para aprobar, de ser necesario, un nuevo instrumento internacional.
El proceso descrito en la resolución 72/277 refiere a que éste no debe ir en detrimento de los instrumentos y los marcos jurídicos existentes, lo cual incluye a organismos internacionales y regionales.
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