Uno de los flagelos que afectan con mayor intensidad a nuestro país es la corrupción, y mientras no se establezcan medidas eficaces para combatirla —entre otras, garantizar protección a un denunciante o whistleblower—, la tasa de impunidad en México seguirá estando por arriba del 90 por ciento. El autor presenta diversas medidas que pueden implementarse para combatir eficazmente este problema.
En un auténtico Estado de Derecho, la certeza de que una persona será efectivamente sancionada si incurre en conductas tipificadas como falta administrativa o delito, debería ser motivo más que suficiente para prevenir, evitar o inhibir los hechos de corrupción.
En el otro extremo, en un país con una altísima tasa de impunidad como México1 ha quedado demostrado, una y otra vez, que la Constitución y la ley son letra muerta, con perdón del lugar común. En la mayoría de los casos, los corruptos parten de la certeza de que si incurren en hechos de corrupción no serán castigados.
Por supuesto que existen casos excepcionales, pero en la mayoría de los asuntos de este tipo, desafortunadamente, se trata de chivos expiatorios o de actores menores en redes de corrupción cuyas cabezas permanecen impunes.
En ese sentido, la mera tipificación en ley de las faltas administrativas o de los delitos relacionados con hechos de corrupción no constituye un medio eficaz de disuasión o de prevención por sí solo.
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