Echando mano de la información presentada en el reporte “Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, preparado por el centro de investigación y evaluación de políticas públicas México Evalúa, los autores exponen la ruta que debe seguirse para atender las causas de las actuales deficiencias en materia de justicia penal en nuestro país.
La ruta de la arbitrariedad
No hay sistema de justicia que funcione de forma eficiente sin márgenes para la toma de decisiones por parte de las autoridades. La gran pregunta es cuál autoridad queremos que detente esa discrecionalidad y bajo qué parámetros y controles queremos que la ejerzan. Uno de los argumentos más recurrentes que se utilizaron para justificar la necesidad de adoptar el modelo acusatorio en México fue la rigidez del sistema tradicional. Esta rigidez se traducía en la incapacidad de las autoridades para dar una atención diferenciada a los delitos. Se acusaba al sistema tradicional, de forma acertada, por obligar a los ministerios públicos a invertir los mismos recursos en la persecución de delitos de bagatela y de alto impacto. Esta ausencia de flexibilidad derivó en sistemas saturados, autoridades rebasadas y, en última instancia, un ejercicio selectivo y político de la justicia.
La osada apuesta de la reforma penal de 2008 consistió en introducir salidas alternas y terminaciones anticipadas del proceso, es decir, opciones legales para que las autoridades hicieran un uso focalizado de los recursos y lograran respuestas proporcionales y satisfactorias para los distintos conflictos.
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