La Suprema Corte que necesita México

Más que pensar en el origen de los candidatos a ministros de la Suprema Corte, el presidente de la República debe preguntarse qué clase de Corte quiere para México. A fin de cuentas, la facultad de proponer es suya.

¿Quién reemplazará en la Suprema Corte a Juan Silva Meza y a Olga Sánchez Cordero, ahora que ambos concluyan su encargo, a finales de noviembre? Proponer candidatos ante el Senado es facultad del presidente de la República y, en principio, nadie tendría por qué entrometerse para decirle a quién debe impulsar y a quién no.

Pese a ello, algunos activistas han salido a recabar firmas para que no lleguen aquellos que, en su opinión, son impresentables; los magistrados suplican al titular del Ejecutivo que designe a uno de ellos y no han faltado los profesores de Derecho que le han pedido que los postule.

¿Qué hay detrás de este frenesí? Algunos aducen que, primordialmente, las suculentas prestaciones del cargo, garantizadas durante 15 años y, más tarde, una jubilación de 80 por ciento del salario. Esto, añaden, tienta casi a cualquier abogado. Ser designado ministro de la Corte supone no volver a preocuparse por aspectos financieros el resto de su vida.

Otros, sin embargo, estiman que es la relevancia de la función lo que la hace tan atractiva: ser uno de los 11 jueces que tienen la última palabra en el país deviene una responsabilidad y una influencia políticas muy superiores a bonos y prebendas. Desde luego, todo cuenta en la descarada persecución del cargo.

A tal grado que hay quienes han dejado la vida en el intento de obtenerlo. No exagero. Cuando ya se les había incluido en la terna y se hacían ministros, cuando ya se imaginaban despachando en el búnker de Pino Suárez, porque así se los había prometido el secretario de Gobernación en turno, el Senado los rechazó. Murieron poco después.

Pero aunque las prestaciones sean jugosas —quizás las más jugosas del servicio público— la Suprema Corte está sobredimensionada. Sin negar sus avances, en la mayoría de los casos sigue siendo un tribunal de casación: se encarga de revisar si las decisiones de los tribunales federales se ajustan a los principios constitucionales, ya se trate de dirimir el porcentaje de una carga fiscal o de la obligación que tiene el gobierno de Veracruz de entregar un subsidio al municipio de Coatzacoalcos...