La campaña del actual gobernador en el combate a los delitos que dañan el patrimonio público se basó en gran medida en que, en su calidad de candidato independiente, podía “meter a la cárcel a los corruptos", con especial énfasis en Rodrigo Medina. La abrumadora mayoría con la que fue electo le otorgó legitimidad a esta promesa.
México no ha tenido una política de Estado contra la corrupción. Al contrario, ésta ha pemeado todo nuestro sistema de gobierno, precisamente por la impunidad que la ha acompañado a lo largo de la historia.
La regla vigente ha sido que los funcionarios que roban al erario del Estado no sean castigados, salvo contadas excepciones, más como consecuencia de desgracias políticas, que como una política de preservar el Estado de Derecho.
En respuesta a su promesa, el gobernador Bronco creó, por primera vez en la República, una fiscalía con el propósito de castigar a los culpables de desfalcos públicos, que ha operado con las mismas reglas que ampararon la “asentada” impunidad: por la falta de apoyo de nuevas leyes “capturadas” por PRI y PAN.
“Haciendo de cenar con lo que hay en el refrigerador”, la fiscalía ha conseguido vincular a proceso penal hasta ahora a más de 40 personas, entre ex funcionarios de varios partidos y particulares, por delitos que, se estima, han mermado el erario público en cientos de millones de pesos.
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