Si de veras queremos que los servidores públicos y los políticos que han infringido la ley sean castigados, lo que hace falta no es una fiscalía general autónoma, sino una fiscalía anticorrupción que no dependa ni del presidente ni del fiscal general.
Nadie discute que los políticos o servidores públicos que cometan un delito deban ser castigados. Cómo acabar con la impunidad, es otro tema. Algunas OSC’s proponen que, al efecto, se cree una Fiscalía General de la República auténticamente autónoma.
El artículo 102 de la Constitución ya la contempla, pero estas OSC’s consideran que el hecho de que el presidente puede nombrar y remover a su titular a voluntad, cubriendo requisitos insignificantes, es una simulación. Peor que eso: una burla.
“Hay que reformar el 102”, claman. “Hay que impedir que el proyecto de ley reglamentaria sea aprobada en el Senado”, vociferan. Exigen “una fiscalía que sirva”, que se evite la llegada de un “fiscal carnal” al cargo y que se les consulte cada movimiento.
Es cierto que el modelo napoleónico —el que hace depender la procuración de justicia del jefe de un gobierno— está en crisis. Los abusos que se han cometido en todo el mundo la explican: se imputan cargos a los enemigos del régimen y a los amigos no se les toca ni con el pétalo de una rosa.
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