El World Justice Project (WJP) es una asociación civil internacional, con sede en Washington, D.C. Su misión es medir e impulsar el fortalecimiento del Estado de Derecho en el mundo. Fue fundada por William H. Neukom en 2006 y, desde entonces, ha ido acrecentando su autoridad. Los índices que publica cada año son referencia obligada.
En octubre de 2018, el WJP dio a conocer el índice del Estado de Derecho en México y, en marzo de 2019, su índice en el mundo. El estudio registra cómo se percibe la justicia a través de 44 indicadores, agrupados en ocho categorías, a cada una de las cuales otorga un puntaje: restricciones al poder gubernamental, ausencia de corrupción, rendición de cuentas, salvaguarda de los derechos humanos, orden y seguridad, mejora regulatoria, Derecho civil y Derecho penal.
Como era de esperarse, los países mejor evaluados fueron Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, los Países Bajos, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Canadá y Estonia. Australia, el Reino Unido y Singapur quedaron a una décima de Estonia. México quedó en 99° lugar.
Si los resultados de 2018 resultaron desalentadores para México, los de este año fueron devastadores: de 126 países evaluados, sólo 27 estuvieron por debajo de nosotros: Irán, Myanmar, Uganda, Nicaragua y la República Democrática del Congo, entre otros. Venezuela quedó en un predecible último lugar.
¿Cómo se explica que en 2018 México haya quedado en el lugar 92, cayendo cuatro posiciones respecto de 2017, cuando alcanzó el sitio 88? Aunque en 2018 se evaluó a 113 países, los puntajes por área de México disminuyeron. En percepción mundial, estamos por debajo de Guatemala, Liberia y Sierra Leona.
En el único rubro donde salimos bien calificados fue en rendición de cuentas (open government), que va del derecho a la información a la participación de la sociedad civil. Aquí se nos asignó el lugar 35. No hay que subestimar, por ende, los servicios del INAI y de los órganos de transparencia que, contra viento y marea —y aun sin ejercer sus facultades sancionadoras— se desgañitan exigiendo que los gobiernos digan en qué gastaron los recursos públicos. Pero también hay que reconocer el papel de las OSC.
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