Poner en duda la legitimidad de jueces y magistrados que han accedido a sus cargos a través de concursos de oposición, sugiriendo que han hecho trampa o "comprado" las plazas”, representa un acto de mala fe, afirma el autor al analizar el sistema de concursos como vía de acceso a los cargos terminales de la carrera judicial federal.
La reforma a la Ley Suprema del 31 de diciembre de 1994, una de las más importantes en materia de justicia de las últimas décadas, descansa en tres ejes rectores esenciales: la transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal constitucional, la creación del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno del Poder Judicial de la Federación, y el reconocimiento de la carrera judicial regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
Este último, a pesar de haber sido el menos publicitado, a mi parecer es el más importante para la transformación del sistema de impartición de justicia, que es el que concierne al común de las personas, porque a través del mismo se resuelven los pequeños grandes problemas que las afectan en lo cotidiano, cualquiera que sea la materia que les dé sustancia.
Esto es, lo que importa al ciudadano común y corriente —categoría en la que tenemos cabida todos, con independencia de posiciones sociales o de jerarquías— es que se le imparta la justicia pronta, imparcial y completa que mandata el artículo 17 constitucional, que por desgracia estamos muy lejos de alcanzar, lo que provoca el desencanto y la frustración de una sociedad justamente indignada.
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