El problema jurídico de la liberación del hijo de el Chapo en Culiacán no podría resolverse a la luz de la figura del Estado de necesidad, pues ello alentaría a todos los delincuentes a amenazar con causar un daño si no se les libera. ¿O bastará que el padre de un narcotraficante amenace con asesinar a tres niños para que se deje en libertad a su hijo sin ninguna consideración? “Se evitó un mal mayor”, dicen algunos. Pero el Estado no puede estar sujeto a estos chantajes. Todo México espera que rueden algunas cabezas por la pésima planeación...
La Cámara de Diputados aprobó reformas para obligar al Poder Judicial a hacer públicos los textos íntegros de sus sentencias. Ya no bastará explicarlos, como ordena el artículo 17 de nuestra Constitución: habrá que publicarlos. Se trata de una excelente noticia pues someterá a los jueces a intenso escrutinio. Estarán obligados a ser claros y —¿por qué no?— breves. Tendrán que dejarse de los infames fárragos repetitivos de los que muchos de ellos se valen para disfrazar su incompetencia.
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