Sorprende que en muchos ámbitos comience a hablarse de candidatos presidenciales que declinen o, incluso, de que haya que considerar la posibilidad de anular las elecciones. Los partidos políticos están más fragmentados que nunca, los grandes empresarios están preocupadísimos y la sociedad civil no sabe ni a quién irle. Pero si se anularan por el hecho de que un candidato fuera sancionado, ¿de veras se impediría que éste volviera a participar, en los términos del artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral? Esto podría suponer una segunda vuelta obligada pero, por bien que se justificara la sanción —incluso con una observación internacional— las protestas serían descomunales. ¿Quién sería el presidente de la República a partir del 1° de diciembre de 2018? ¿El secretario de Gobernación? ¿El interino que nombrara el Congreso? ¿Con qué criterios lo haría?
El debate entre los candidatos a la Presidencia de la República que se llevó a cabo el pasado 22 de abril arrojó algunas perlas que los abogados no debemos pasar por alto: el Bronco aseguró que la corrupción entre los jueces es más grave que entre quienes conforman la administración pública —un tema que, incluso, muchos abogados prefieren evitar— y Andrés Manuel López Obrador se preguntó para qué sirve un INAI que resulta tan costoso para los mexicanos, cuando emite resoluciones como la de reservar la información de Odebrecht. “Es una tapadera”, denunció.
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