El 21 de junio pasado, Alfonso Pérez-Cuéllar entregó a Ángel Junquera la estafeta como presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM). Los discursos de los presidentes, saliente y entrante, fueron muy afortunados, pero no así los de otros oradores. La ceremonia fue larguísima y primaron boato y protocolo. Las togas y las dimensiones de las puñetas, las veneras y los collares con escudos heráldicos, lejos de contribuir a la solemnidad, obligaron a la concurrencia a preguntarse para qué sirve todo esto en un país donde la colegiación no es obligatoria ni hace ninguna diferencia entre un abogado honesto y uno que no lo es. El ministro Cossío así lo dio a entender durante su participación, en la que increpó sutilmente al gremio. Entre los asistentes se vio a Mario Molina, Premio Nobel de Química.
El 18 de junio pasado se cumplieron 10 años de la puesta en marcha del nuevo Sistema Penal Acusatorio. Se suponía que para 2016 éste debía estar funcionando a cabalidad en todo el país. No ha ocurrido así. La razón principal es que nuestros policías, fiscales y jueces siguen anquilosados. El reto es el cambio cultural que exige la desformalización del proceso. Los policías no están preparados para investigar y los fiscales y los jueces siguen actuando como burócratas decimonónicos que, en lugar de argumentar unos y juzgar los otros, continúan perdidos en formulismos y procesos sin sentido, temerosos de saltarse una norma en aras de conseguir que una prueba se valore con integridad. En algunas entidades, como Guanajuato, se ha avanzado notablemente. En otras, como el Estado de México, la cosa está para llorar…
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