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Háblanos un poco de ti. ¿Por qué estudiaste la carrera de Derecho y cómo llegaste a forjarte como abogado?
Heredé esta vocación del servicio público inculcado por mi madre y el amor a México, siempre con el anhelo de tener un país cada vez más justo, donde tengamos un Estado de Derecho consolidado en el que las personas puedan vivir en libertad y armonía. He tenido la fortuna de haber contribuido a plasmar esta visión en la realidad.
Una de las instituciones que me ha formado y enseñado es la Secretaría de Hacienda, que es donde más tiempo he trabajado. He participado en la negociación de 18 paquetes económicos (Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Miscelánea Fiscal), pude atestiguar los procesos de cambio en el país. Me tocó vivir la transición democrática a partir de 1997, cuando dejó de existir una mayoría en la Cámara de Diputados, lo que provocó que la negociación fuera más compleja.
Estuve algunos años fuera de Hacienda y ahora es un gran honor regresar con el secretario Luis Videgaray. Fui subprocurador fiscal; por eso puedo confirmar que la Procuraduría Fiscal de Hacienda es una de las instituciones más apasionantes desde el punto de vista jurídico; para cualquier abogado, poder ejercer en esta institución es una gran oportunidad.
¿Dónde estudiaste la carrera?
En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy muy orgulloso de ser universitario; la experiencia que obtuve complementó y enriqueció mi visión institucional y del Derecho. Tuve a profesores de primera categoría: el maestro Burgoa, en Derecho constitucional; la doctora Arnaiz, en teoría del Estado; el doctor Floris Margadant, en Derecho romano, gran humanista, sin duda; el doctor Franco Guzmán, en Derecho penal; Emilio Krieger, en Derecho administrativo. En fin, una lista interminable.
Posteriormente, estudié dos años un posgrado en Viena, donde me especialicé en cuestiones de Derecho y finanzas internacionales. A mi regreso, ingresé a la Secretaría de Desarrollo Social y, en febrero de 1995, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Por qué permanecer en la Secretaría de Hacienda?
Es una institución que te forma; es una gran escuela. El equipo hacendario de la Secretaría y de la Procuraduría Fiscal es de primera calidad; tiene gran preparación. Desde el jefe de departamento hasta cualquier director pueden ser especialistas en temas claves y su asesoría puede ser muy valiosa e indispensable incluso para el propio secretario.
¿Qué otras secretarías consideras importantes para la estabilidad social?
Hay muchas instituciones importantes. He tenido la oportunidad de trabajar en varias: recientemente estuve en Gobernación y en Relaciones Exteriores, que son instituciones con gran historia y abolengo. Cada una tiene funciones estratégicas; por ejemplo, la de seguridad, derechos humanos y todo lo que concierne a la soberanía. Haber sido abogado en la política interna y exterior del país ha sido una experiencia invaluable y muy enriquecedora profesionalmente.
Ahora que he tenido la oportunidad de regresar al área responsable de la política económica del país, me siento muy contento. Hacienda se caracteriza por ser una institución en la que se construye el futuro de México. De alguna forma, muchas de las reformas y de las políticas públicas que impactan directamente en el desarrollo y en el bienestar de los mexicanos tienen implicaciones económicas importantes y deben responder a un esquema de competencia e incentivos adecuados.
¿Qué es lo que más ocupa tu tiempo como procurador?
La institución tiene casi 70 años, cuenta con un gran arraigo y ha ido evolucionando con nuevas funciones dentro del sector hacendario. Ésta es una de las posiciones más bonitas que puede tener un abogado. El procurador posee una función muy amplia, cuya esencia tiene que ver con procurar la justicia en el sentido fiscal y financiero. En última instancia, a nosotros nos corresponde presentar ante la Procuraduría General de la República (PGR) las querellas o las opiniones de delito. Hoy en día tenemos alrededor de 3,000 asuntos penales en proceso. Es una labor fundamental que se realiza con la colaboración del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Respecto de la función de los amparos, la institución defiende el interés del gobierno y del fisco ante los tribunales. La procuraduría lo hace en materia constitucional y de constitucionalidad de las leyes. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en la última etapa de la defensa, ante la Suprema Corte, de la constitucionalidad del paquete de las reformas fiscales presentadas y aprobadas entre 2013 y 2014.
En la parte legislativa, participamos en todos los procesos: realizamos el diseño de las iniciativas que presenta el Ejecutivo federal, en coordinación y colaboración con la Consejería Jurídica; tramitamos reformas y emitimos opiniones para enriquecer las propuestas que puedan venir de otros sectores. Damos seguimiento, por ejemplo, a la iniciativa de la Ley de Disciplina Financiera, que regulará la contratación de deuda por parte de las entidades federativas; también evaluamos la iniciativa de Ley de Zonas Económicas Especiales que pretende balancear el desarrollo regional del país. Hay un área especializada en legislación financiera que analiza toda la regulación bancaria y la participación de los consejos y órganos de gobierno de las comisiones del sector hacendario.
Otra labor activa e intensa es la de consultoría a todas las áreas de la secretaría: abordamos cuestiones bancarias, fiscales, energéticas, penales y administrativas en el sector hacendario.
Escuchamos que la procuraduría se ha venido transformando y ha generado un cambio en cuanto a la atención de los asuntos. ¿Cómo se ha logrado esto?
Efectivamente, la procuraduría ha evolucionado y, afortunadamente, de manera positiva. Hoy en día, en materia de amparos, por ejemplo, llevamos alrededor de 90,000 asuntos y hemos logrado una efectividad superior a 70 por ciento de sentencias favorables. Es un nivel de desempeño bueno. Esta situación se explica por el profesionalismo; la procuraduría se ha especializado y se ha profesionalizado, además de que ha transparentado sus procesos.
¿Ustedes cómo participan en el tema anticorrupción y cuál es tu visión al respecto?
Estamos participando en los grupos de trabajo para el diseño de este nuevo sistema. Esta iniciativa es parte fundamental de la modernización de México y es una de las labores más importantes que quedan por institucionalizar en la agenda nacional. Todo el esquema anticorrupción parte de muchas piezas, tanto de las responsabilidades administrativas, como de la cuestión contable, de fiscalización y de rendición de cuentas.
A nivel institucional, en la Secretaría de Hacienda la procuraduría es una institución ejemplar, moderna, transparente y apegada a Derecho.
En el ejercicio cotidiano con el contribuyente o con su representante, litigando en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿cuál es tu participación?
Principalmente litigamos temas fiscales y administrativos ante el tribunal. Nuestra labor se centra en temas específicos como asesores jurídicos de todas las instancias hacendarias, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) o las comisiones reguladoras hacendarias. Los litigios fiscales individuales que no involucran temas de constitucionalidad los litiga directamente el SAT.
¿Cuáles son los retos que enfrentan?
La implementación del nuevo sistema penal acusatorio en materia federal que influye directamente en la persecución de delitos fiscales y financieros es uno de los más grandes retos. Dentro de la procuraduría, en particular en la Subprocuraduría de Investigaciones, nos hemos preparado tomando cursos de capacitación en universidades mexicanas. Y también hemos contado con la asesoría del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la participación de expertos de ese país, de México, de Colombia y de Chile. Adicionalmente, como una herramienta fundamental para enfrentar ese reto, hemos acondicionando en la procuraduría una sala de práctica de juicios orales.
¿Cómo se está acatando la capacitación de los auxiliares en la procuraduría?
Estamos revisando los protocolos de trabajo, desdecómo se presenta un peritaje hasta cómo hacer valer estados auditados ante el juez; con el nuevo sistema cambia radicalmente la forma en que vamos a tener que presentar nuestros argumentos. Efectivamente, eso requiere una transformación y tener una fase de preparación y práctica previa, antes de incursionar en un juicio oral. Para México será un momento crucial. Y sí estamos enfocados en la capacitación para estar listos cuando entre en vigor el sistema oral, en este mes de junio.
¿Qué opinas de los medios alternativos de solución de controversias?
Estos mecanismos son el reflejo de un Estado moderno, que promueve la justicia expedita y que sigue las tendencias internacionales. Su aplicación no implica que se fomente la impunidad; por el contrario, con estos medios se procura la inmediata reparación del daño, la reducción de las cargas de trabajo y los costos en la procuración y la administración de justicia.
Evidentemente, son un recurso muy importante y tenemos que contemplarlos. Estos medios también persiguen resultados de soluciones en forma expedita y mucho más rápida que los mecanismos convencionales y, además, tienen la ventaja de desahogar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales.
Ya que estemos en la dinámica de esta gran reforma, ¿cómo se va a calificar a los abogados que representen a la institución hacendaria?
La calificación de los abogados hacendarios se dará en función de su capacitación y de los resultados que se obtengan de ella. Actualmente, los abogados hacendarios de la procuraduría han participado en diversos cursos relacionados con el sistema penal acusatorio en lo teórico y en lo práctico. Como ya mencioné al referirme a los retos, se ha procurado que expositores, tanto nacionales como internacionales, e instituciones públicas y privadas, impartan dichos cursos. Lo anterior garantiza un dominio respecto de las herramientas y las aptitudes que se requieren para su ejercicio en el nuevo procedimiento penal mexicano. Vamos por buen camino a pocos meses de la total implementación del sistema en todo el país.
¿Cómo vislumbras el futuro?
Vamos a tener una justicia mucho más expedita, directa, eficiente, efectiva y con mayor calidad. El planteamiento de la reforma penal implicará tener más alternativas de soluciones con herramientas modernas para poder resolver los conflictos.
Como autoridad estamos muy entusiasmados. Realizamos nuestros mayores esfuerzos para estar listos. Todos como país vamos a pasar por una ruta de aprendizaje
¿Cómo percibes el trabajo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente?
Buscamos que se cumpla con el pago de impuestos, con la obligación de información del reporte financiero previsto en la ley; el objetivo per se no es privar a alguien de su libertad. En esa lógica, considero que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es una gran institución, ya que propicia que el contribuyente se siente en la mesa con la autoridad, por medio de esta figura innovadora de los acuerdos conclusivos, y se pongan de acuerdo, sin tener que llegar a los extremos de un proceso penal.
No debemos de soslayar que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene un mandato especial hacia las personas de bajos recursos. Es una vía muy importante, lo que acerca la justicia fiscal a todos los contribuyentes.
¿Qué opinas de llevar la imposición tributaria al consumo?
El secretario de Hacienda ha manifestado que un impuesto generalizado al consumo puede resultar regresivo para la población de menores recursos. Por lo cual considero que este debate ya no está abierto. Lo importante es seguir implementando la reforma fiscal en vigor para fortalecer las finanzas nacionales. Nuestra labor concreta como procuraduría consiste en contribuir a que las reglas vigentes sean respetadas y se cumpla con las obligaciones fiscales.
¿Cuál es tu opinión respecto de la colegiación obligatoria?
Es un tema muy polémico. Sin embargo, creo firmemente que debemos tener un mayor control en las escuelas. Existe una proliferación de instituciones académicas, tanto a nivel nacional como estatal, que no contribuyen al fortalecimiento de la academia en materia jurídica. Soy un absoluto y ferviente creyente de los exámenes nacionales. Las barras y los colegios podrían tener una gran labor, tal vez complementaria con las escuelas y las facultades, para contribuir en la obtención de un esquema de certificación adecuado en el país, que conste también de una actualización sistemática y que vigile la aplicación de estándares éticos estrictos en el desempeño de los abogados. Ésta es una labor pendiente que tenemos en el país.
En cuanto al tema de la obligatoriedad, creo que hace falta hacer una reflexión más profunda. La parte que más me preocupa es que este tipo de esquemas impida un acceso adecuado a los profesionistas y que esto genere injusticias en vez de soluciones para el gremio. Creo que en los colegios y en las barras de nuestro país falta mucha transparencia. Debemos aspirar a una plena garantía de los valores éticos y de la transparencia para hacer efectiva la colegiación obligatoria. En mi opinión no estamos, todavía, en ese grado de evolución.
Max Alberto Diener Sala es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con un diplomado en ideas e instituciones políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Realizó estudios de posgrado en relaciones internacionales en la Diplomatischen Akademie Wien, de Austria.
Fungió como asesor de la Dirección General de Protección Consular en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue director de Proyectos con el Banco Mundial en la Secretaría de Desarrollo Social; director general adjunto de Normas e Investigación Presupuestal y, posteriormente, director general jurídico de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, desempeñó el cargo de subprocurador fiscal de Legislación y Consulta, el de subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como el de Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
