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Cuando se leen los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional o de la CIDH uno tiene la impresión de que la violación de derechos humanos en México —como dijo el visitador de la ONU— es permanente y sistemática. ¿Tan mal andamos en esta asignatura?
México es un país democrático, que siempre ha mostrado apertura al escrutinio internacional, como lo acredita el hecho de que es impulsor histórico y parte activa de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos. En este sentido, el gobierno mexicano también ha tenido apertura para analizar cuidadosamente la información que se presenta sobre su gestión, todo lo cual no obsta para que también se reconozcan logros en la materia.
Nuestra nación es uno de los Estados en el mundo occidental que tiene mayores avances normativos en la materia, que se ven reflejados desde la promulgación de la reforma constitucional de 2011 hasta el establecimiento de un Programa Nacional de Derechos Humanos y las acciones que forman parte de una agenda encaminada a su salvaguarda y protección.
Por ejemplo, en materia de justicia penal, el sistema acusatorio, que apenas entró en vigor a nivel nacional, establece una serie de prácticas que necesariamente deben apegarse a un Estado Democrático de Derecho; que en todo momento salvaguarden los derechos de las víctimas y del inculpado; que atiendan los desafíos que permitan abatir precisamente los abusos por parte de las autoridades, y que faciliten que la población acceda a la justicia.
La Procuraduría General de la República (PGR), acorde con el reto, está impulsando una serie de políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos en temas como prevención e investigación de la tortura, desaparición de personas, violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y migrantes, por mencionar algunas.
¿Qué ha fallado, entonces, a la hora de comunicar la situación del país en la materia?
Definitivamente estamos frente a un escenario, desde hace muchos años, en el que la percepción pública es de desconfianza hacia el desempeño institucional. Año con año las autoridades se enfrentan a la necesidad de fortalecer su legitimación, mediante la permanente rendición de cuentas, entendida como un punto constatable por la ciudadanía. Debemos estar conscientes de que reconocer los logros y comunicar los avances no es una manera de eludir lo que falta por hacer, sino que también es parte de una rendición de cuentas integral.
Por eso es necesario fortalecer los mecanismos institucionales que permitan a la ciudadanía conocer el hecho de que todo servidor público que viole derechos humanos será sancionado, de forma que los abusos no queden impunes y que las víctimas obtengan una reparación.
Una pregunta de diseño institucional: ¿por qué la PGR hace lo que debiera corresponder a la policía? Casos como Ayotzinapa, la fuga del Chapo o Nochixtlán implican una investigación policial más que una intervención del Ministerio Público, ¿no?
En nuestro sistema jurídico penal, la dirección de toda investigación de delitos corresponde al Ministerio Público. La necesidad de la intervención policial está determinada propiamente por la naturaleza de los hechos materia de indagación. En ese sentido, en toda investigación se precisa de la intervención del Ministerio Público, pero al margen de ello cabe apuntar que estos asuntos tan delicados implican necesariamente un tratamiento interinstitucional dentro del ámbito de competencias de diferentes áreas de gobierno.
Siguiendo con el diseño institucional, ¿por qué las fiscalías para acusar a quienes desaparezcan a las personas de manera forzada o cometan delitos contra los migrantes están adscritas a su área? ¿No debieran estar adscritas a la SEIDO?
El hecho de que estén en la Subprocuraduría de Derechos Humanos tiene su razón de ser. En primer lugar, no todas las desapariciones ni los delitos contra migrantes son cometidos por el crimen organizado. Un primer criterio de especialización que debemos considerar es que estos delitos constituyen una vulneración de los derechos humanos, y eso es lo que destaca nuestro diseño institucional.
En este orden de ideas, es importante considerar que la desaparición forzada de personas, por la connotación que puede adquirir como violación grave a los derechos humanos, exige de las procuradurías y las fiscalías generales de justicia acciones más contundentes que garanticen una adecuada atención a las víctimas, un acceso eficaz a la justicia y una debida diligencia en la investigación, lo que subraya nuestro diseño institucional. Lo anterior, conforme atiende la perspectiva de derechos humanos contemplada en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 5, fracción V, de la Ley Orgánica de la PGR.
Para el caso específico de los migrantes, debo decir que la creación de la Unidad de Investigación de Delitos contra Personas Migrantes obedece a una recomendación de la CIDH y es acorde con el marco jurídico nacional en lo relativo a la protección de los derechos humanos de personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. La unidad fue pensada precisamente con esa finalidad: la protección y el acceso a la justicia de los migrantes y otras personas que por su condición la requieren, como son los refugiados o las personas sujetas a protección internacional.
Los delitos cometidos por y en contra de personas migrantes, al igual que el tráfico de personas, atiende la lógica de que el fenómeno migratorio debe visto desde una perspectiva global e integral, a través de la cual se pueda reforzar el trato diferencial, la priorización y el análisis del contexto.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, dentro de la PGR, ha tenido un papel complicado desde que se creó: al defender los derechos humanos de víctimas y detenidos ha debido enfrentar, en el seno de la institución, a las otras áreas. De los subprocuradores de Derechos Humanos suelen decir sus colegas: “¿Está con nosotros o contra nosotros?” Contigo al frente no ha sido así. ¿Por qué?
La maestra Arely Gómez González, procuradora general de la República, estableció cuatro ejes rectores de su gestión: protección a los derechos humanos —transversal a todos—; transparencia y rendición de cuentas; procuración de justicia eficaz, y nuevo sistema de justicia penal. Al existir un compromiso de parte de todos sus colaboradores por mantener cualquier acción dirigida hacia esos objetivos, la colaboración interna ocurre de forma natural a través de su liderazgo y su visión de una procuraduría ejemplar al servicio de las personas.
Eres un hombre con una sólida formación académica, pero no eres policía. ¿Por qué estás al frente de esta subprocuraduría, que incluye varias fiscalías de investigación policial?
La PGR es, antes que nada, fiscal, representante social en la persecución de los delitos. Es el Ministerio Público, y no la policía, la razón de ser de esta institución. En ese sentido, considero que la formación de abogado es idónea para servir desde la posición que desempeño. Debe referirse que el desahogo de las competencias que son confiadas a los servidores públicos de la institución son apoyadas por áreas especializadas que complementan la labor estrictamente ministerial.
¿Por qué se te encomendó el caso Iguala y no a la SEIDO, que es la unidad de la PGR competente para atender casos como éstos?
La agresión a los alumnos de la Normal Ayotzinapa en Iguala es un asunto que, por la forma en que se produjo y las consecuencias que tuvo, conlleva serias implicaciones en materia de derechos humanos, sin dejar de lado el contexto de crimen organizado de los responsables de esta lamentable situación.
Originalmente, la investigación del caso Iguala fue integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro adscrita a la SEIDO; sin embargo, ante una petición de los familiares de las víctimas directas, por un acuerdo celebrado entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 20 de octubre de 2015, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR se hizo cargo de la segunda parte de la investigación de forma exclusiva, para lo cual se creó una oficina ex profeso en noviembre del mismo año, a la que se le ha destinado la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos y financieros necesarios para el desarrollo de su labor.
¿Podrías compartir algunos de los avances alcanzados?
Dicha oficina ha recabado más de 200 declaraciones ministeriales; ha emitido más de 515 requerimientos ministeriales; ha realizado al menos 17 inspecciones ministeriales y llevado a cabo seis reconocimientos de restos óseos; así como también ha recibido y acordado 172 dictámenes periciales. En cuanto hace a la búsqueda y la localización de los estudiantes normalistas, en una indagación que aún está abierta, la oficina de investigación ha llevado a cabo diversos operativos en municipios de Guerrero utilizando tecnología de punta.
Sobre este caso: ¿qué pasó en realidad? ¿Qué pruebas se tienen, además de las declaraciones de los testigos? ¿No te parece inverosímil que sólo se hayan hallado restos de dos de los 43 desaparecidos?
La investigación del caso permanece abierta. Se trabaja incansablemente para esclarecer todo cuanto aconteció al respecto. Los lamentables hechos de Iguala nos alertaron sobre abusos de poder, corrupción e infiltración de organizaciones criminales en algunas corporaciones policiales municipales de la zona norte de Guerrero, y exigió a las instituciones mexicanas encargadas de investigar los delitos desarrollar una indagatoria puntual y exhaustiva para determinar qué pasó en Iguala en esas fechas y quiénes fueron los autores de esas conductas.
La respuesta de la PGR está encaminada precisamente a utilizar todos los medios legales y técnicos a su alcance, de manera seria, profesional, imparcial y efectiva, para conocer la verdad, procurar justicia y ofrecer certezas a las víctimas, a sus familias y a la sociedad.
Para poder entender los hechos del 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, es importante describir el contexto de delincuencia organizada en el que dichos acontecimientos se presentaron, el cual es determinante para acercarnos al conocimiento de los hechos y ha permitido poner en marcha estrategias para desarticular organizaciones criminales que operan en Guerrero.
Con las evidencias recabadas hasta el momento hemos podido conocer que el grupo delincuencial autodenominado Guerreros Unidos tejió una red de complicidades, especialmente en Iguala, Cocula y municipios aledaños, y se infiltró en los cuerpos de seguridad municipal. Su penetración alcanzó a diversos servidores públicos de ese orden de gobierno, quienes de manera regular recibían importantes cantidades de recursos; dinero que era destinado, presuntamente, entre otros aspectos, al control de la policía municipal.
Cuando renunció al cargo que tú ocupas actualmente, Ricardo García Cervantes declaró que lo hacía porque había “mucho dolor” y poco interés del gobierno federal para hallar a las personas desaparecidas. La ONU parece coincidir con él. ¿Comparte usted esta opinión?
No la comparto. La procuradora general de la República me instruyó de manera enfática, desde que asumí el cargo, para tratar el problema de las desapariciones como una prioridad institucional. Derivado de lo anterior se transformó la unidad especializada que antes existía en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mediante la cual se coloca a esta área ministerial en una jerarquía superior a la que tenía, con la idea de fortalecer cada vez más su autonomía técnica y su capacidad instalada para cumplir sus funciones. Actualmente se trabaja en su fortalecimiento y, a nuestro parecer, se están dando los primeros resultados satisfactorios de este propósito.
Las desapariciones son un problema que debe verse con una sensibilidad particular, porque la incertidumbre que lleva aparejado el hecho de no saber de la situación o el destino de un ser querido, provoca una angustia que no puede ser equiparada con ninguna otra. De ahí que la responsabilidad de atender eficazmente esta problemática sea mayúscula.
¿Tu trabajo en la subprocuraduría se contrapone con el que realiza la CNDH o es una simple duplicación? ¿Dónde empieza el tuyo y dónde el de la CNDH?
El trabajo de ambas es complementario. La CNDH es un órgano autónomo constitucional con facultades muy claras establecidas en ley, que nunca se confunden ni se duplican con las atribuciones de la PGR. Una y otra entidades públicas actúan, cada una desde sus atribuciones particulares, en beneficio de las víctimas y la ciudadanía.
En este contexto, la CNDH investiga violaciones a los derechos humanos y la PGR investiga delitos. Mi trabajo empieza en el momento de impulsar acciones de procuración de justicia, competencia de la Federación en el ámbito penal de los derechos humanos, y todas aquellas acciones encaminadas a capacitar y a formar a los servidores públicos de la institución para que ajusten su actuación al respeto de los derechos humanos, pero también para atender oportunamente los requerimientos, las observaciones y las recomendaciones de los diversos organismos de protección de dichos derechos, como la CNDH.
¿Qué es lo que más te ha frustrado en este cargo?
Frustración es una palabra que no utilizaría, porque implica cierto grado de claudicación. En mi caso reconozco que me gustaría contar siempre con mayores elementos, propios y de diseño jurídico, para contribuir a atender los grandes retos que se presentan día con día, pero es un sentimiento natural por el carácter humanitario que subyace en todos los asuntos que nos toca conocer.
Creo que los funcionarios públicos debemos ser muy claros con la ciudadanía, en el sentido de que sabemos la enorme responsabilidad que tenemos sobre los hombros. Los cargos públicos no son un premio, ni un privilegio, aunque conlleve muchas satisfacciones la labor que realizamos. La diferencia que podamos lograr en la vida de las personas, dando buenos resultados en la percepción ciudadana desde una base real de eficacia, es un compromiso que debe reafirmarse cotidianamente, mediante la calidad técnica y ética de nuestros actos, tratando con profunda vocación de servicio la enorme responsabilidad que se confía en el servicio público.
¿Qué es lo que más satisfacciones te ha brindado?
Saber que cada día que pasa es uno que dedico al servicio de mi país, sin otra recompensa que la satisfacción del deber cumplido en términos de la confianza que depositaron en mí la señora procuradora general de la República y el señor presidente de la República para atender la procuración de justicia federal en nuestro país, desde la perspectiva de los derechos humanos.
Eber Omar Betanzos Torres es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos en la Universidad de Pisa, y en derechos humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha; maestría en estudios humanísticos en el ITESM, en políticas públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y en teoría crítica en el Instituto de Estudios Críticos 17. Es maestro y doctor en derechos humanos por la UNED-CNDH y doctorando en historia por la Universidad Iberoamericana y en administración y gobierno del Poder Judicial por el TSJ DF-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Fungió como coordinador de asesores, director general de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo de la FEPADE y titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de la PGR.
Actualmente se desempeña como titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.
