La Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica anunció, en un acto realizado el pasado mes de enero, que las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo federal en materia de procuración y administración de justicia se analizarán con el modelo de parlamento abierto, por lo que serán escuchadas todas las voces de la sociedad.
La presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, manifestó que se trata de una reforma compleja e integral con la que se busca dar respuesta a los reclamos de la sociedad mexicana, proteger a las víctimas, asegurar que los responsables de los delitos no queden impunes y que las autoridades actúen con la mayor rectitud y honestidad respetando en todo momento los derechos humanos.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recalcó la necesidad del fortalecimiento del sistema de justicia, tanto en la procuración como en la impartición, e hizo votos para que se llegue a la mejor construcción normativa para vivir en un Estado de Derecho. Asimismo, destacó la creación de la Unidad para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia en la dependencia a su cargo.
Julio Scherer, consejero Jurídico del Ejecutivo federal, propuso que, de común acuerdo con la Fiscalía General, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se genere una Ley Nacional de Justicia Cívica, un nuevo Código Penal Nacional, un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, un proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, así como un proyecto de Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Con esas iniciativas se pretende crear un nuevo paradigma para consolidar un novedoso modelo de seguridad y justicia que sustituya al actual.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que durante los últimos 20 años se generaron respuestas parciales, sin soluciones. Al explicar el panorama en el que se encuentra nuestro país, aclaró que la falta de justicia se sustenta en tres factores: inseguridad, corrupción e impunidad.
La fiscalía tiene la convicción de que el delito debe detenerse en el momento en el que comienza el problema. “Cuando un Estado no tiene control sobre su territorio y hay otro grupo que hace funciones de poder, ese territorio está perdido y ahí es donde se debe dar una ley que defienda la vida cotidiana de todos los mexicanos en todos los municipios y estados del país”, aseveró.
Con un criterio general, pero con una competencia local, puso como ejemplo la Ley Federal del Trabajo. Alejandro Gertz indicó que la Ley de Justicia Cívica pretende prevenir la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales. Asimismo, dará prioridad a la reparación del daño.
Advirtió que en el caso de las personas más vulnerables el Estado tiene una fuerte obligación, porque de los 33 millones de delitos que se producen al año 90 por ciento son en contra de las personas más desprotegidas y son temas de carácter económico que no rebasan los 10,000 pesos. Además dijo que se promoverá el trabajo comunitario para fortalecer los valores cívicos y se establecerá la diferencia toral entre los primodelincuentes y los reincidentes.
Respecto del Código Penal nacional consideró que debe homologar todos los delitos, su tipicidad y sus agravantes, en una sola ley que dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país. No obstante, ese código debe permitir a las entidades federativas establecer delitos específicos, considerando sus raíces culturales y sus características regionales. Es importante que también establezca la competencia local y federal.
El Código de Procedimientos Penales fue uno de los temas que generó más análisis. El fiscal general refirió que se creó la puerta giratoria y se multiplicó el número de delincuentes. “El sistema, en lugar de mejorar, se complicó”, sentenció.
Sin embargo, asintió que se debe conservar la oralidad y la transparencia y realmente tener una compactación, esto es, no generar una multiplicación del número de los juzgadores. En relación con el debido proceso, aseveró que no se debe dar impunidad al delincuente. Al abordar el tema de la prescripción, aclaró que en los delitos que dañan a la sociedad no debe existir esta figura.
“No nos vamos a apresurar porque queremos otorgar a la ciudadanía instrumentos jurídicos que permanezcan y que sean eficaces para enfrentar con éxito el problema de la inseguridad, de la impunidad y de la violencia”, detalló.
Finalmente, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que por el momento no se emitirá una opinión hasta la presentación formal de las iniciativas, la cual se realizará en los primeros días de febrero. La reforma plantea modificar 14 artículos de la Constitución política y Monreal aseguró que los legisladores de la Cámara Alta actuarán con responsabilidad y seriedad en el dictamen para construir la normatividad que la ciudadanía exige mediante un amplio consenso.
Al acto asistieron los coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, quienes analizarán las iniciativas y emitirán sus observaciones con el objetivo de que haya un debate público y abierto.