Desde una curul del partido político que gobierna el país, el diputado federal de 86 años de edad se erige, una vez más, como una voz crítica del gobierno. En esta entrevista, sin embargo, sostiene que todos y cada uno de sus posicionamientos tienen como fin último la consolidación de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habla también del rol que están jugando tanto el Congreso de la Unión como el Poder Judicial, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, y cómo ésta debe abrir paso a una nueva constitucionalidad.
¿Qué opinión le merece la actuación del Estado mexicano frente a la crisis sanitaria?
Lo que ha revelado esta crisis, contra lo que creíamos los mexicanos, y yo en particular, porque fui secretario general del Seguro Social, es que el sistema de salud es insuficiente. Estamos siendo testigos de cómo una pandemia cuestiona todo: se descubren muchas fallas y hay problemas de corrupción, falta de medicinas y demasiadas carencias para tratar a la población.
¿Se ha violado el orden constitucional con algunas de las acciones que ha impulsado el Ejecutivo ante esta circunstancia extraordinaria?
No. Se intentó, pero se paró totalmente. Se trataba de una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que buscaba concentrar en el Ejecutivo dos poderes: para elaborar el presupuesto y para ejercerlo. El primero es exclusivo de la Cámara de Diputados y el otro sólo le corresponde al Ejecutivo. Era inconstitucional.
¿Cuál ha sido el papel del Congreso de la Unión en medio de esta coyuntura?
Todavía insuficiente. Lo que el Congreso debe declarar es el estado de emergencia económica. La palabra emergencia aparece tres veces en la Constitución. Urge hacer esta declaratoria pero no sobre el artículo 29. Ese artículo prevé un estado de excepción ante una guerra o una contingencia. Frente a una situación como la actual, en que está en peligro la sociedad, tenemos que apelar al artículo 73. Y entonces sí, con base constitucional, perfectamente se puede declarar una emergencia económica.
¿Qué implicaría esta declaratoria de emergencia económica?
Estoy trabajando en ella y voy a consultar a la secretaria de Gobernación, pero en principio derivaría en la conformación de un Consejo de Estado, como el Consejo Económico y Social de Europa, que es la fuente de decisiones en materia económica y social de la Unión Europea. Hay dos tipos de consejos. La diferencia está en si el Ejecutivo tiene o no un asiento. Yo planteo la participación activa del Ejecutivo, ya sea a través de su titular o, en su ausencia, encabezado por el secretario de Hacienda y con la participación de otros secretarios de Estado.
Se trata de una propuesta que retomo del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, promovido por Rolando Cordera, en el que está, por cierto, mi amigo Cuauhtémoc Cárdenas, y el cual busca convocar a representantes de sindicatos, del Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de los gobiernos estatales y de los municipios, así como a universidades como la UNAM, la UAM y el Politécnico, y una franja de organizaciones civiles y académicas.
El consejo debe elaborar proyectos que nos permitan enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia.
Bajo esa premisa, ¿la política de austeridad que está implementando el Ejecutivo es insuficiente?
Es insuficiente y no siempre adecuada. Perdón por ser yo quien lo cuestione, pero lo cuestiona históricamente el más cercano a Andrés Manuel López Obrador. Quizás soy un promotor que se convierte en censor. Pero yo quiero que se entienda, para siempre, al revés: yo estoy cooperando para que el primer gobierno electo democráticamente inaugure un nuevo ciclo en la historia del país, y para hacerlo se necesita ser consistente.
A riesgo de ser un confesor impertinente, debo decir que todo lo que toca a salarios debe ser respetado. La iniciativa de quitar 20 por ciento del salario a los empleados es muy triste, y que renuncien al aguinaldo es un atraco. Ahora dicen que es optativa, pero tengo información de gente muy cercana acerca de que al trabajador le ponen dos documentos enfrente: uno en el que acepta la reducción de su salario y otro que contiene su renuncia. “¡O te jodes o te vas!” Perdónenme, pero eso me parece muy autoritario e inconstitucional.
En este sentido, ¿cuál es el papel que está desempeñando el Poder Judicial en esta crisis sanitaria? Pareciera que está dormido.
Pues mira, no está dormido. Está ausente. Voy a decirlo con mucho cuidado. Yo tenía una excelente relación, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados, con Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte. Había un diálogo fluido. En cosas muy importantes yo le hablaba para consultarlo. Cuando vi las medidas que se estaban tomando en la Suprema Corte por la crisis yo le sugerí que éstas se extendieran a todo el Poder Judicial.
Lo que pedí fue que no solamente se aplicarán medidas sanitarias para el funcionamiento del Poder Judicial, sino también que se echara a andar un sistema virtual que permitiera orientaciones para los cambios jurídicos que hoy en día se están efectuando en el Congreso. Y él no me contestó. La pandemia puede durar más tiempo de lo esperado e inclusive regresar. Se necesita que el Poder Judicial atienda las reformas legislativas sucesivas, como lo señala el artículo 29 de la Constitución.
Ante este panorama, ¿cuáles son algunas propuestas para fortalecer la actuación del Estado mexicano?
Lo primero que debemos hacer es poner en orden la Constitución. Tenemos una Constitución prolija, contradictoria y desorganizada. Ya el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM produjo un documento, que no altera ninguna de las disposiciones, pero que la reduce. Es una liposucción mediante la cual se propone que, de las normas existentes, para evitar confusiones y anacronismos, haya una construcción compacta, y todo lo que es excedente se vaya a una Ley Constitucional.
Es decir, tener con una misma jerarquía dos cuerpos distintos: una Constitución y una Ley Constitucional. Después, ya con un proyecto sistémico, se iría revisando artículo por artículo para determinar cuál es vigente y cuál no. Pero no basta con eso, pues también se debe podar el orden constitucional.
¿Cuál es el tipo de Constitución que usted propone?
Un tipo más racional. La Constitución se la debe saber de memoria la gente, porque expresa sus derechos ciudadanos. Se le tiene que limpiar de lo accesorio. No hablo de una Constitución didáctica, porque no la hay, aunque la parte de leyes constitucionales pueda serlo, sino compacta. Una Constitución que consigne los derechos de una manera clara.
Además del proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿hay algún otro tipo de referencia?
Lo que se hizo con la Constitución de la Ciudad de México. De manera muy compacta se establecen los derechos: la parte económica, la parte de los ingresos, la parte de los derechos de las alcaldías. Es muy sencillo: todos los derechos deben ser exigibles y judiciables. Y eso lo pusimos.
Hay que tener imaginación para lograrlo. Yo sueño con esa nueva Constitución. La veo compacta, la veo clara, la veo ordenada, la veo congruente. Así la sueño. Tenemos todo el material para hacerla, al cual se le suma el material generado en estos momentos por las medidas que se están tomando por la pandemia, pues son el equivalentes a los planes, decretos y proyectos que se expidieron durante el movimiento revolucionario y que recogió primero la Convención de Aguascalientes y luego la Constitución de 1917.
La crisis debe abrir paso a la nueva constitucionalidad. Tenemos mucha tarea, pero hay que ser inventivos. Somos súbditos de la ley, pero somos creadores de leyes. Considero que el Congreso de la Unión funda y regula el Derecho constitucional. El creador y la fuente del derecho es el Congreso, pero siempre es fundamental el apoyo de los juristas.
A nivel internacional, la pandemia ha expuesto el talante autoritario de algunos jefes de Estado, pues han suprimido algunos derechos de sus ciudadanos. Nayib Bukele en El Salvador es un ejemplo. En ese sentido, ¿cómo evalúa lo que acontece en México?
No lo veo tan mal en lo que respecta a las cárceles mexicanas. No hay queja de que se esté abusando. En lo que sí estoy en contra es en la represión que mantiene la política migratoria. Se debe proteger y respetar el artículo 11 que establece la libre circulación de las personas.
Tenemos la obligación constitucional de abrir la frontera sur. ¿Por qué? Porque todos, 90 o 95 por ciento de los que llegan, técnicamente son refugiados políticos. Unos que vienen por cuestiones de inseguridad y otros por razones de extrema pobreza. Ambas figuran en tratados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Pero no se hace. Continúa la vieja política de la Border Patrol mal reproducida por México en el sur. El trato como animales ha sido el vicio de la política mexicana, que combatí cuando yo era embajador de México en las Naciones Unidas, momento en el cual, por propuesta de tu servidor, se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, ese sistema no se ha corregido.
¿Hay sumisión por parte de México ante Estados Unidos en esta materia?
La hubo. Y fue porque Trump exigió a México asegurarle, para su propaganda nacional, que no fuera un ducto del sur por donde atraviesen las caravanas. Hay la sospecha fundada de que esas caravanas fueron instrumentadas por el Departamento de Estado estadounidense con la complicidad de algunos gobiernos locales, fundamentalmente el de Honduras.
El gobierno de México hizo un favor, porque de alguna manera, a través de sus retenes y del maltrato, redujo la migración. Ya todo el mundo está contento, pero debe haber una regulación de las dos fronteras que proteja los derechos humanos fundamentales.
Finalmente, ¿hay espacio para la crítica en el seno del gobierno?
Espacio sí hay, pero crítica no sé. Te lo digo con toda claridad: yo tengo derechos políticos no escritos asegurados porque soy fundador del movimiento, que ahora he culminado muy viejo, junto con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez.
Yo no estoy haciendo una crítica. Hay quienes me dicen: “Usted es el jefe de la oposición”. Pero lo que estoy haciendo es construir ideas que den fundamento al movimiento que emprendimos. Es decir, yo sí estoy revisando a fondo lo que significa la Cuarta Transformación, que no está en papel.
Yo he luchado porque mi grupo parlamentario reciba nuevas ideas y porque además no apruebe mecánicamente lo que viene del gobierno, sino que sea un cedazo crítico. Si no, se rompe la división de poderes. Una cosa es tener mayoría y otra cosa es ordenar a los diputados.
Recientemente, la bancada de Morena sólo ha aprobado las iniciativas enviadas por el Ejecutivo...
Sí, en principio. Hay un diálogo entre el jefe de la bancada con el presidente y posiblemente algunas de sus sugerencias, lo creo, lo sé, son analizadas por algunos miembros de la bancada. Y no dudo de que antes de ser enviadas de alguna manera son depuradas. Pero cuando llegan a la Cámara de Diputados, ya son letra sagrada y ya no se les puede quitar ni una coma.
Yo propugno por la división de poderes y por una coalición más racional de partidos. Como cualquier coalición en el mundo, que discuta los temas y que llegue a conclusiones. Que tenga la capacidad de enfrentar lo desconocido.
Hay que insistir en las ideas innovadoras. Si no te entienden hoy, te entenderán mañana. Si te niegan hoy, quizá mañana te dirán que sí. Es un trabajo en la historia y para la historia.
Porfirio Muñoz Ledo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencia política y Derecho constitucional por la Universidad de París.
En su larga trayectoria ha desempeñado, entre otros cargos, los siguientes: subdirector de Enseñanza Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública (1961-1964), secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (1966-1970), subsecretario de la Presidencia de la República (1970-1972), secretario del Trabajo y Previsión Social (1972-1975), secretario de Educación Pública (1976-1977), miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO (1977), representante permanente de México ante la ONU (1979-1985), presidente del Consejo de Seguridad de la ONU (1980-1981), presidente del Grupo de los 77 (1983-1984), embajador de México ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea (2001-2004), senador de la República en las LIV y LV legislaturas y diputado federal en las LVII, LXI y LXIV legislaturas.