¿Vale más la vida de una mujer en Chiapas que en Chihuahua? ¿Debe protegerse la propiedad privada con más ahínco en Yucatán que en Nayarit? A la hora de considerar el federalismo —qué toca a la Federación y qué a las entidades federativas— la primera pregunta que debemos formular es cuáles son los valores fundamentales de México como nación. Puesto que el Derecho penal es una ultima ratio, no parece justificable que éste sea distinto en Sonora que en Veracruz.
Los principales problemas que ha enfrentado el código son tres. Uno de carácter político, otro filosófico y otro más técnico. El primero se reduce a que a los gobernadores les gusta poner tras las rejas a quienes no los apoyan y eximir de sus responsabilidades a quienes sí lo hacen. Un Código Penal Único podría estorbarles. Así, se desgarran las vestiduras en nombre del federalismo.
Aducir que en una entidad federativa existe el abigeato y en otra no; sostener que en algunos estados costeros hay delitos entre las cooperativas de pescadores, los cuales no podrían producirse en los estados sin salidas al mar, es un pretexto muy pobre: estos delitos pueden incluirse perfectamente en un Código Penal Único y castigarse en cuanto se presenten. Si no se presentan, no se castigan. Punto.
El que no parece tan fácil de librar es el escollo filosófico: precisar cuáles conductas merecen castigo y cuáles no. Pensemos en la bigamia, el incesto, la asistencia al suicidio o el aborto. Ninguna de estas conductas debería estar contemplada en ningún código penal. Pueden generar un conflicto social, sin duda, pero éste podría resolverse por la vía civil o la administrativa. En ocasiones, incluso, ni siquiera existe dicho conflicto.
¿Debe encarcelarse a una adolescente de Oaxaca, a quien casaron a los 12 años, fue abandonada y luego —sin cumplir con el proceso de divorcio— volvió a contraer matrimonio? ¿Deben ir a prisión dos hermanos de la sierra de Guerrero, que ya en sus cincuentas, sin intención de reproducirse, decidieron hacer vida conyugal? ¿Es razonable poner tras las rejas a un hombre que, en un acto de amor filial, administró una cantidad mayor de somníferos a su madre, quien padecía dolores atroces, para ayudarla a bien morir?
El aborto es otro tema. Nadie está a favor de él pero, si de veras queremos combatirlo, no vamos a lograrlo refundiendo en un calabozo a las jóvenes de Guanajuato, Querétaro o Durango que no tuvieron los recursos financieros para viajar a la Ciudad de México (ahora también a Oaxaca), o a Estados Unidos, para interrumpir su embarazo en las mejores condiciones posibles. El combate eficaz al aborto se logrará con cursos de educación sexual y con una distribución óptima de anticonceptivos. Lo demás es retórica.
Algunas de las penas que se imponen hoy día tienen como propósito satisfacer los intereses de iglesias, hospitales, farmacéuticas y hasta grupos de narcotraficantes que, así, pueden vender sus productos y servicios a precios más altos. Pero ¿esto es lo que buscamos como país?
Resueltos los problema políticos y filosóficos, el técnico será fácil de afrontar. O de plano se descriminalizan estas conductas o, en el artículo 73 de la Constitución, se reserva su castigo a las entidades federativas. Algunos gobernadores y algunos grupos estarán encantados con esta salida, pero no abonará a la unidad nacional. Ojalá se opte por la primera opción. México lo merece.
Ángel M. Junquera Sepúlveda
Director