La necesidad de cerrar los tribunales de justicia a causa de la contingencia sanitaria por el coronavirus lleva al autor a reflexionar sobre la urgencia de poner en práctica, sin demora alguna, los juicios en línea y las soluciones basadas en los recursos que nos proporcionan los avances tecnológicos.
Durante las semanas en las que la mayor parte de los tribunales de justicia permanecieron cerrados nos dimos cuenta de lo valiosa que es su tarea y lo importante que resulta, para millones de personas, poder acudir a una instancia que les permita resolver de la mejor forma posible sus problemas y sus disputas.
Una vez que las cosas vayan volviendo poco a poco a la normalidad deberíamos sacar varios aprendizajes en materia de impartición de justicia. No sólo porque se trata de un tema esencial, sino porque es un área del Estado mexicano en la que tenemos demasiadas cosas por mejorar.
Hay que decirlo con todas sus letras: la justicia mexicana necesita con urgencia ser modernizada y puesta al día. No es momento de repartir culpas ni de señalar responsables sobre las cosas que no estamos haciendo bien; siendo muy honestos tenemos que reconocer que, en realidad, todos hemos descuidado ese sector esencial para el desarrollo del país. Pero de la misma manera debemos ser claros en reconocer la importancia que tiene para los países un buen sistema de justicia. Nadie duda de que si no tenemos un aparato de justicia moderno, ágil y funcional, va a ser imposible que México salga adelante.
El abogado inglés Richard Susskind, que lleva décadas analizando el desarrollo de la profesión jurídica, se pregunta, en su más reciente libro, si la impartición de justicia es un servicio o es un lugar físico (Online Courts and the Future of Justice, Oxford University Press, 2019). Es decir, si lo que la gente busca en los juzgados es acudir a un sitio para reunirse con otras personas y desahogar trámites o si lo que quiere en realidad es que le resuelvan sus problemas. Si lo que se busca es lo segundo, como es evidente, entonces deberíamos diseñar un sistema de justicia que permita atender, de manera rápida, eficiente y a bajo costo, a las personas.
La solución no consiste solamente, como a veces suele afirmarse de manera muy simplista, en inyectar más dinero a los poderes judiciales, en construir más salas de audiencia o en incrementar el número de juzgados. Aunque algunas de esas medidas pueden ser necesarias, la solución de fondo debe buscarse a través de cambios que permitan lograr una transformación en la manera en que los abogados hacen su trabajo, con el apoyo y el uso de la tecnología.
Debemos comenzar a poner en práctica, sin demora alguna, los juicios en línea y las soluciones basadas en los recursos que nos proporcionan los avances tecnológicos. Quizá la justicia digital durante años fue un anhelo simplemente teórico o que estaba situado más bien en el horizonte de la utopía. Hoy en día, sin embargo, es la única solución posible si queremos cuidar la salud de los profesionales del Derecho y de los millones de personas que hasta hace poco acudían con frecuencia a nuestros juzgados y tribunales.
Es probable que en los próximos meses, o incluso años, debamos mantener en alguna proporción las medidas de distanciamiento social para evitar un rebrote de las infecciones por el coronavirus.
En ese contexto, no será posible seguir impartiendo justicia en lugares abarrotados de gente, en los que es imposible mantener un distanciamiento mínimo con las demás personas. Basta recordar la situación imperante antes de la pandemia en cualquier junta de conciliación y arbitraje, o en los juzgados familiares de muchas entidades federativas, para ver la enorme acumulación de personas que se produce cotidianamente en su interior. Esa forma de trabajo no es sostenible en el corto plazo. Debemos dejarla atrás lo antes posible.
La alternativa inmediata no es si los tribunales deben permanecer o no cerrados. Deben abrir. Y lo deben hacer lo antes posible. Pero no de una forma en que todos se pongan en riesgo. Se debe trabajar de una manera inteligente y planeada. A partir del 20 de abril de 2020 la Suprema Corte de la Nación empezó a sesionar de manera remota, con sus integrantes sentados en sus domicilios particulares, discutiendo y votando sobre los asuntos de su competencia. Más de la mitad de los tribunales locales en las entidades federativas avanzaron por medio de acuerdos generales en el diseño de soluciones tecnológicas para seguir prestando sus servicios durante los meses de “sana distancia” impuesta por las autoridades sanitarias.
Las experiencias de justicia digital deben comenzar a aplicarse en todos los tribunales del país. En algunas entidades federativas, así como en la justicia contencioso-administrativa federal, existen buenas experiencias sobre el uso de la tecnología por parte de los órganos encargados de la impartición de justicia. Durante las primeras semanas de la pandemia vimos a diversos sujetos proveyendo lo necesario para lograr la atención de casos urgentes y atestiguamos el uso de videoconferencias para el desahogo de asuntos de su competencia.
En un número importante de casos, los esfuerzos se dirigieron a los asuntos en materia penal; el aprendizaje obtenido a partir de la urgencia de los temas penales puede y debe ser extendido a otras materias. Nada impide ir ampliando las mismas medidas hacia el conjunto de competencias que tienen los tribunales.
No hay razón alguna para que en el ámbito de la justicia no se puedan utilizar aplicaciones digitales, mensajes de WhatsApp, videollamadas, chats en vivo, etcétera. Durante la pandemia, más de 300 millones de personas comenzaron a mantener comunicación a través de la plataforma Zoom o de otras parecidas que permiten la comunicación a distancia en tiempo real mediante el uso de imagen y sonido: ¿por qué no utilizar esas plataformas para desahogar diligencias judiciales de manera telemática, de manera que puedan avanzar con mayor rapidez los juicios, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo de todos los involucrados?
Imaginemos lo veloces que serían las notificaciones realizadas por WhatsApp o el tiempo que podríamos ahorrarnos si no tuviéramos que desplazarnos hasta el juzgado para desahogar una audiencia. Todo eso es posible hoy en día, ya que la tecnología lo permite y se usa en muchos ámbitos sociales. Hace falta que los abogados nos demos cuenta de lo mucho que podemos mejorar en el desempeño de nuestro trabajo.
Las mismas aplicaciones tecnológicas deben ser utilizadas para desahogar procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ante los órganos autónomos y en las dependencias de la administración pública, a nivel federal y local. No tiene sentido que los interesados tengan que seguir acudiendo a oficinas municipales, estatales o federales, a fiscalías o procuradurías, cuando mucho de lo que hacen se puede llevar a cabo perfectamente de manera remota.
Quizá un ejemplo que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la reforma de la justicia sea el todavía inexistente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Recordemos que el 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional por medio de la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir legislación única, aplicable a nivel nacional, en materia de procedimiento civil y familiar.
En el artículo transitorio cuarto del respectivo decreto de la reforma constitucional se señalaba que el Congreso de la Unión tenía un plazo de 180 días para expedir esa legislación única. Es decir, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tendría que haber sido aprobado hacia mediados de marzo de 2018. Todavía no se ha cumplido con ese mandato constitucional, por lo cual estamos claramente ante una omisión legislativa absoluta.
En el contexto de la pandemia por Covid-19, aprobar ese ordenamiento se ha vuelto más urgente que nunca. En las 32 entidades federativas de la República mexicana se tramitan anualmente 1,961,517 expedientes judiciales, si consideramos los datos correspondientes a 2018 (Censo Estatal de Impartición de Justicia 2019, INEGI).
De ese total de causas judiciales, 38 por ciento corresponde a la materia familiar y 29 por ciento a la materia civil. Es decir que dos de cada tres juicios ante los órganos judiciales locales deberían estar regidos por un código que todavía no se ha expedido. Curiosa, pero afortunadamente, la materia penal a cuya reforma tanto dinero, esfuerzo y capacitación se le han dedicado a partir de 2008 representa 7 por ciento de los procedimientos atendidos por los tribunales locales.
Países de nuestro entorno han llevado a cabo profundas reformas legislativas para modernizar sus procesos civiles. Podemos citar los interesantes casos de Ecuador (Código Orgánico General del Proceso, 2015), Brasil (Código del Proceso Civil Brasileño, 2015) y Colombia (Código General del Proceso, 2012), tres países que cuentan con recientes regulaciones en la materia, adaptadas en buena medida a los avances que permiten el uso de las nuevas tecnologías en materia de impartición de justicia. México no debe quedarse atrás.
No podremos tener el país que soñamos mientras que en nuestros tribunales se sigan cosiendo con aguja e hilo los expedientes, mientras los asuntos tarden años en ser tramitados y mientras no busquemos el auxilio de la tecnología para permitir que la justicia llegue hasta millones de hogares mexicanos que nunca la han podido siquiera conocer.
A todo lo anterior hay que sumar lo que ya señalamos sobre la necesidad de no poner en riesgo la salud y la vida de quienes acuden ante los tribunales a pedir esa justicia, por estar expuestos al coronavirus. Podemos y debemos trabajar para construir un mejor sistema de justicia en beneficio de todos los habitantes del país.
De nosotros depende: una parte de la tarea deben hacerla los legisladores, otra corresponde a los propios órganos de administración de justicia, pero la más importante nos toca a todos los abogados, porque es la que tiene que ver con cambiar nuestra mentalidad y decidirnos a dar pasos hacia el futuro, en vez de quedarnos plácidamente en el mismo mediocre lugar en el que llevamos plantados desde hace décadas.
La crisis del coronavirus es una oportunidad para mejorar la justicia mexicana. No podemos desperdiciarla.
* Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, A.C.