Guillermo Zepeda Lecuona, director de Jurimetría. Iniciativas para el Estado de Derecho, A.C., y colaborador de Impunidad Cero, ofrece sus reflexiones en torno a la crisis de impunidad que padece México a partir de los hallazgos encontrados en el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías”, informe publicado recientemente. Asimismo, da su opinión sobre los principales retos que tenemos como sociedad en el combate contra la impunidad y en el mejoramiento de nuestro sistema de procuración de justicia.
¿Qué es y cómo nace Impunidad Cero?
Impunidad Cero es un proyecto de la sociedad civil que busca analizar, visibilizar y medir la impunidad para combatirla. De la mano de expertos, analizamos temas relacionados con las impunidades cotidianas y estructurales que nos afectan a todos, todos los días.
Somos una asociación civil impulsada por Federico Reyes Heroles, que desde 2017 se ha consolidado como un grupo de personas que buscamos impulsar investigaciones que, a partir de evidencia empírica, documenten e ilustren la impunidad en México. Recientemente salió publicada la tercera edición de nuestro Índice de impunidad, que desde 2017 ha documentado una serie de datos y estadísticas relacionados con el sistema penal acusatorio y la impartición de justicia en México.
¿Cómo defines la impunidad?
Es la falta de castigo ante una conducta ilegal y se ve reflejada en todos los ámbitos de la vida cotidiana, no sólo en materia penal. Representa la ausencia de eficacia de las normas y, por lo tanto, implica una debilidad significativa del Estado de Derecho.
¿Cómo afecta la impunidad a la sociedad mexicana?
Es un problema que afecta todos los ámbitos de nuestra vida pública, incluido el desarrollo integral de la vida de los mexicanos. Económicamente, la impunidad tiene un impacto brutal, ya que genera un ambiente de desconfianza e incertidumbre, que repercute y se refleja en el producto interno bruto per cápita. La impunidad también influye en la calidad de la educación, en los servicios de salud y, en general, afecta negativamente todos los ámbitos públicos y sociales en que se desarrollan las personas.
Socialmente, la impunidad genera un clima de desconfianza en las autoridades y normaliza la inseguridad y la falta de eficacia de las normas, todo lo cual se traduce en la erosión del Estado de Derecho. También implica que se acentúe la desigualdad social, ya que quienes tienen menos recursos se ven más afectados por esta falta de eficacia normativa. Normaliza y promueve mecanismos no institucionales para preservar los derechos y, en este sentido, legitima conductas no deseables en la sociedad, creando un círculo vicioso en el que no cumplir con la ley se vuelve una práctica sistemática.
¿Cuál es la mejor forma de combatirla?
En Impunidad Cero tenemos la filosofía de que lo que no se puede medir no se puede mejorar y nos queda claro que para poder combatir la impunidad primero tenemos que hablar de ella.
Siempre que hablamos de impunidad, los regios suelen decir que educar a los mexicanos resulta muy barato... Cuesta seis dólares, que es lo que se cobra para pasar en camión a Macllen, Texas, donde todo el entorno social e institucional cambia completamente, ya que las probabilidades de eludir el cumplimiento de la ley son mínimas.
En este sentido, el combate a la impunidad representa una ecuación de dos términos. En primer lugar, prevenir acciones indeseables que sean contrarias a la ley, y en segundo lugar, aumentar las probabilidades de que quienes cometan acciones contrarias a la ley sean detectados y sancionados.
Para lograr estos dos cambios se requiere concientizar a la sociedad sobre la importancia de cumplir con la ley, fomentar la cultura de la denuncia y apostarle a la prevención social. Por otra parte, se necesita robustecer a las instituciones encargadas de la investigación y la impartición de justicia, con el fin de generar una mayor confianza en esas instituciones.
¿Qué es el Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías, publicado recientemente por Impunidad Cero?
Es la tercera edición de un estudio y ranking de referencia nacional que muestra cómo han estado trabajando y desempeñándose las instituciones de procuración de justicia en el país y que hace un análisis de ocho indicadores en cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política criminal.
La importancia de este estudio es que representa una herramienta que permite identificar y diagnosticar las principales áreas de oportunidad y los avances que han tenido las distintas políticas y prácticas de las instituciones de procuración de justicia a lo largo y ancho de la República.
Este índice se centra en las procuradurías y en las fiscalías de las 32 entidades federativas, que constituyen piezas fundamentales para que se dé un adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Recordemos que son justamente estas instituciones las encargadas de investigar los delitos cometidos en las entidades federativas, además de que deben llevar a cabo todas las acciones necesarias para sancionar conforme a la ley a quienes sean hallados responsables.
¿Cuáles son los principales hallazgos de este índice?
Contar con un diagnóstico actualizado con respecto al funcionamiento y el desempeño de las instituciones encargadas de la impartición de justicia es fundamental para replicar las buenas prácticas que se han presentado en algunos estados, pero también nos permite identificar las principales áreas de oportunidad en las que debemos invertir mayores recursos y esfuerzos para mejorar.
Entre los principales hallazgos que encontramos a partir de este índice destacan los siguientes:
En términos generales, este estudio revela que no hubo una mejora sustancial en la procuración de justicia en nuestro país. Se detecta aún una gran disparidad entre las entidades federativas, por lo que se hace necesario identificar con claridad las buenas prácticas de algunos estados para replicarlas en los demás.
En este estudio identificamos buenas prácticas en los modelos de gestión de justicia de Coahuila y de Zacatecas que hacen un uso más eficiente y estratégico de los recursos con lo que cuentan, con el fin de que los delitos de menor impacto se resuelvan por vías de la justicia alternativa, concentrando el arsenal de esfuerzos y recursos con que disponen sus fiscalías para atender aquellos delitos de mayor impacto. En estados como Querétaro y San Luis detectamos que a partir de una buena atención a usuarios han logrado incrementar sustantivamente la efectividad de sus investigaciones. Las investigaciones especializadas en entidades como Nuevo León y Chihuahua han incrementado su efectividad, y el desarrollo órganos especializados en los mecanismos alternativos de solución de controversias han sido fundamentales en los buenos niveles de efectividad de estados como Guanajuato.
A partir de los resultados que arroja el estudio, ¿cuál es tu opinión sobre el sistema penal acusatorio?
Es un hecho que el nuevo sistema penal acusatorio es mucho más efectivo que el sistema anterior, si bien tiene grandes áreas de oportunidad y muchos aspectos que mejorar. Lo que sí es alentador es que año con año se van detectando mejoras y prácticas innovadoras por parte de las fiscalías y procuradurías estatales, lo cual habla de que el sistema va por buen camino.
En mi opinión, permitir una contrarreforma al sistema penal acusatorio sería muy perjudicial, ya que minaría todo el avance alcanzado hasta ahora.
¿Qué papel juegan la sociedad civil y la academia en el combate contra la impunidad y la inseguridad en México?
Su papel y su importancia es fundamental en la lucha contra la impunidad. Ante todo, deben fungir como un control ciudadano que vigile el sistema de procuración de justicia. Deben exigir más y mejor información empírica que nos permita diagnosticar con mayor claridad los principales problemas de nuestro sistema de impartición de justicia.
La sociedad civil debe de ser vigilante, exigir evidencias y resultados. También juegan un papel fundamental en la concientización social respecto de la impunidad. En este sentido, la academia y las organizaciones de la sociedad civil deben fomentar la cultura de la denuncia, que desafortunadamente se considera una pérdida de tiempo que no surte ninguna consecuencia.
Deben fungir como contrapeso responsable a la pirotecnia legislativa y al populismo penal que enarbolan algunos políticos y legisladores. Deben involucrarse de una manera mucho más proactiva en el sistema de justicia penal y exigir que se brinde mejor atención a la ciudadanía. Esto genera un círculo virtuoso a partir del cual, con una mejor atención a los ciudadanos, se produce un mayor involucramiento y confianza en el sistema de justicia.
¿Cuál es el principal reto para fortalecer el Estado de Derecho en México?
El reto es generar una cultura de la legalidad y que el sistema de impartición de justicia se sostenga sobre instituciones sólidas. A partir de un diagnóstico serio que cuente con evidencia empírica, es necesario fortalecer y hacer eficientes a las instituciones encargadas de la procuración de justicia, así como también es fundamental generar una verdadera cultura de la legalidad.
Dar los recursos económicos, materiales y humanos a las fiscalías y a las procuradurías de los estados representa una condición necesaria, pero en ningún caso suficiente, para mejorar su desempeño. Es fundamental detectar y replicar las buenas prácticas de procuración de justicia que se den en las diferentes entidades federativas. Esto implica que las entidades más rezagadas en este rubro tengan la oportunidad de ajustar y replicar las mejores prácticas de otras fiscalías para ofrecer una mejor atención a las víctimas y que puedan procurar mejores resultados.
También se necesita explotar mucho más el potencial que tiene la justicia alternativa y es indispensable diseñar estrategias mucho más efectivas que prioricen la resolución de los delitos de alto impacto.
El adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia es fundamental para combatir la impunidad que impera en el país, pero también es esencial el papel que tiene la población. Por ejemplo, es importante fomentar la cultura de la denuncia, mejorar el conocimiento de los ciudadanos con respecto a las leyes que nos rigen, y que a través de la sociedad civil se dé un involucramiento mucho más proactivo y profundo por parte de los ciudadanos en el sistema de impartición de justicia. Por ejemplo, en San Luis Potosí hemos detectado una buena práctica, que consiste en una unidad de seguimiento que le da satisfacción a las personas, y por lo tanto se acompaña a las víctimas en sus procesos. A través de indicadores de satisfacción de usuarios sería posible mejorar constantemente la atención a las víctimas, lo cual fortalece e incentiva la cultura de la denuncia.
Mientras mejores resultados den las instituciones que conforman el sistema de justicia penal, aumentará proporcionalmente la confianza de la gente. En conclusión, tenemos que entender como sociedad que mientras menos impunidad haya habrá más seguridad y mejores condiciones que propicien nuestro desarrollo integral como personas.
Guillermo Zepeda Lecuona es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en sociología jurídica.
Se ha dedicado a la investigación y a la documentación de buenas prácticas sobre el sistema de justicia desde hace dos décadas. Coordinó el Proyecto de Seguimiento de la Reforma Penal en México con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como la Red de Investigaciones sobre Reformas Penales Comparadas y el Eje de Estado de Derecho del Centro de Investigación para el Desarrollo.
Es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Actualmente es el director de Jurimetría. Iniciativas para el Estado de Derecho, A.C., académico en El Colegio de Jalisco y colaborador de Impunidad Cero.