Arrebatar al gobierno el control de los comicios y ponerlos en manos de la ciudadanía coronó la transición de México hacia la democracia. La consolidación de autoridades regidas por el principio constitucional de la autonomía la ha mantenido vigente.
La desconfianza en un sistema en el que el gobierno presidía la Comisión Federal Electoral, a través de un funcionario militante del partido en el poder, hizo necesario construir un sistema independiente de carácter ciudadano. El momento estelar de esta lucha fue la reforma política de 1990, cuando las fuerzas políticas pactaron la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), organismo constitucional autónomo que, en 2020, cumplirá 30 años.
La autonomía constitucional del IFE —hoy INE— nos ha permitido transitar como país a una normalidad democrática en la que, a diferencia de lo que ocurría en 1988, las elecciones ya no representan un problema público. Por eso asustan las designaciones de algunos de los “electores” de los nuevos consejeros del INE. Por eso resulta tan preocupante que el INE, en palabras de Lorenzo Córdova, su presidente, esté “más amenazado que nunca”.
Los grupos que ven en el Instituto un obstáculo para conseguir el control de las elecciones parecen ignorar que a la reforma de 1990 siguieron la de 1993, que empezó a crear condiciones de equidad en la contienda; la de 1996, con la que se creó el Consejo General plenamente autónomo y sin presencia del gobierno; la de 2007, que creó un nuevo modelo de comunicación política, y la de 2014, que creó el sistema nacional de elecciones que nos rige hoy día.
Parecen ignorar, asimismo, que la autonomía ha sido el eje articulador de las reformas, las cuales han permitido consolidar otros pilares de nuestra democracia: la certeza en los procedimientos basados en reglas aceptadas por los contendientes, las condiciones de equidad que han dado un piso parejo a las fuerzas políticas y la pluralidad política del país.
Gracias a que contamos con un INE autónomo, hoy hemos cumplido un ciclo de alternancias en el Poder Ejecutivo en el que casi todos los partidos, solos o en coalición, han llevado a un presidente de la República al poder. Más aún, desde que el IFE se transformó en INE, en abril de 2014, el grado de alternancia en las elecciones locales ha rebasado 60 por ciento de los casos. Es una cifra envidiable aun en democracias más consolidadas que la nuestra.
¿O será que no ignoran nada de esto? De 36 elecciones de gobernador que se han organizado bajo el esquema INE-OPLES, en 23 hubo cambio de partido en el gobierno (63.8 por ciento). En el caso de las presidencias municipales, hubo alternancia en 2,302 de 3,423 casos (67.2 por ciento), y en los congresos locales, de 1,325 diputaciones electas, hubo alternancia en 760 (57.3 por ciento). El pluralismo es indiscutible.
¿Será que quienes pretenden arrebatar al INE su autonomía saben que, hoy día, ningún partido tiene asegurada la victoria y ninguna fuerza política está condenada a la derrota permanente? Quizás sí, y quizás por eso hacen lo posible por desarticularlo. No les conviene que gracias a la autonomía del INE y de los organismos públicos locales electorales (OPLE) sean las y los ciudadanos quienes decidan quién debe gobernar y quién debe abandonar el poder. Son ellos quienes pretenden decidirlo, de acuerdo con su agenda política, como ocurría antes de 1990.
A 30 años de la creación del IFE, después de las históricas elecciones de 2018, y de cara a las elecciones federales y locales de 2021, el INE tiene que seguir haciendo valer su autonomía, en defensa de los derechos políticos de la ciudadanía. Como nunca antes en nuestra historia, el sufragio efectivo no sólo es un derecho y un principio constitucional, sino una realidad verificable en cada jornada electoral. Por ello, lastimar al INE equivale a lastimar a la democracia. Y lastimar a la democracia significa lastimar a México.
Ángel M. Junquera Sepúlveda
Director