La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, propuesta por el presidente López Obrador para hacer reasignaciones presupuestales en caso de emergencias económicas, da pie al autor para cuestionar si en realidad este ejercicio discrecional del presupuesto no es, más bien, una oportunidad para limitar y controlar, en su beneficio, a los órganos constitucionales autónomos y perpetuarse en el poder.
La semana pasada el presidente de la República pronunció una frase en sus homilías matutinas: “El pueblo me encargó que cuidara el dinero del presupuesto”. Con ella pretende justificar su decreto —que por ilegal será letra muerta— y explicar por qué manda una iniciativa que le otorgaría discrecionalidad total en el manejo del presupuesto, con base en la idea de que “ante una emergencia”, que nunca se definió, él, con su simple declaración, podría hacer uso del presupuesto a su antojo.
Decenas de analistas han tratado el asunto hasta el cansancio, por lo cual no me concentraré en ello. Me preocupa otra cosa, que mencioné la semana pasada, pero a la que se le ha concedido menos espacio y reflexión.
Vale la pena, sin embargo, decir dos cosas. La primera: con su decreto quería hacer uso de alrededor de 662,000 millones de pesos. Con la ley de presupuesto actual puede hacerlo y lo hará, como ya lo anunció, aunque ése es su límite. La segundo: ¿para qué arrogarse facultades extra en este contexto, si lo que sus semiexpertos habían calculado ya estaba autorizado? La explicación sólo puede provenir de dos preocupaciones: la electoral, para alimentar a sus clientelas y no perder estrepitosamente la mayoría en el Congreso el año que entra, y la de controlar a los órganos constitucionales autónomos (OCA) y, si me apuran tantito, al Poder Judicial.
Un ejercicio discrecional del presupuesto puede secar a esas instituciones, sin tener que discutirlo con nadie. Y elecciones limpias e irrefutables el año que entra, así como otras tareas autónomas, incluidas las de universidades, tribunales e instituciones que lo evalúan, no tendrían con qué operar, con la excusa de la pandemia.
Si ya intentó clausurar 10 subsecretarías con su decreto, a las que les seguiría costeando su sueldo, pero sin atribuciones, ¿por qué habría de detenerse para quitar recursos a los OCA que tanto le estorban en el ejercicio de lo que él llama políticas públicas de la cuarta transformación? Sencillamente, no hay guante que le acomode.
Volvamos a nuestra discusión inicial. El artículo 74, fracción cuarta, constitucional establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar, revisar y modificar el presupuesto del Ejecutivo federal. La que regula esta fracción es la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ahí se establece la forma en que se ejercerá el presupuesto y a quién le corresponde qué. El presidente tiene un margen de operación y de corrección hasta de 10 por ciento del presupuesto total. Esos son sus 662,000 millones de pesos, por lo que necear con lo demás sigue siendo raro. Pero lo más extraño es que, en este contexto, se haya arrogado la responsabilidad de cuidar el presupuesto por mandato del pueblo, cuando existen reglas muy claras para su aprobación, definición y administración.
Todos sabemos que al presidente le encanta brincarse la legalidad, pero lo que preocupa en este punto es que lo hace por absoluto interés personal y de acumulación de poder.
Durante la semana también apareció una propuesta de ley que reglamentará el artículo 29 constitucional, que se refiere a situaciones de emergencia, mediante la cual el presidente puede declarar nulos todos los derechos como consecuencia de una emergencia.
El diablo anda suelto y López está lanzando globos y lanzando propuestas a ver cuál pega. El asunto, me parece, es que, como en Bolivia o en Venezuela, él no se ve con una tarea de seis años. Está buscando cómo perpetuarse en un proyecto que tardará en consolidarse, se dice entre ellos. Todo lo anterior sólo son ensayos para ver si puede quedarse 20 o 40 años en el poder hasta que el proyecto se concrete y con la pandemia, utilizada como anillo al dedo, para acelerar lo que pretende. ¿Qué es eso? Claramente, nadie sabemos, más que López. Ojalá lo explique un día, más allá de su infantilismo de ir en contra el neoliberalismo.
* Abogado, politólogo y economista. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Artículo publicado originalmente en El Economista el 4 de mayo de 2020. Se reproduce con autorización del autor.