Cooperación para la reinserción social

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

México, 2019

Este estudio presenta el análisis de las condiciones dadas con la existencia de la participación del sector público y la iniciativa privada en el ámbito penitenciario mexicano, partiendo de la necesidad de visibilizar ventajas y desventajas de esta situación.

Al cierre de 2018 existían 299 instituciones penitenciarias, de las cuales 20 eran centros federales y de ellos ocho eran centros de prestación de servicios (CPS).

En el estudio se aprovecha toda la información obtenida por el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contrastando las condiciones de los CPS y observando al respecto que el uso de recursos y responsabilidades de los encargados de la infraestructura se mantienen en gran opacidad.

Entre los resultados obtenidos, una de las problemáticas más preocupantes de las prisiones con inversión privada radicó en el pago de los servicios, ya que en el esquema que se sigue en los CPS, el Estado proporciona una cuota determinada por cada centro penitenciario, incluso si éste tiene una tasa de ocupación baja, lo cual demuestra el altísimo costo que representan los mencionados CPS.

Con este estudio se proponen herramientas y mecanismos que pueden utilizarse para que esta participación se pueda llevar a cabo garantizando transparencia y rendición de cuentas adecuadas. Dicho estudio muestra, entre otros, los siguientes datos:

Si los CPS estuvieran ocupados en su totalidad, los costos serían los siguientes:

Esta información demuestra que los costos se elevan casi al doble, en virtud del pago que se realiza atendiendo no al número de personas que se encuentran internas sino a la capacidad del centro penitenciario, situación absolutamente irregular, pues se ha descubierto que se han pagado por más de 10,000 personas que no están internas en los CPS las cantidades ya señaladas, en virtud de que en los contratos de los Ceferesos CPS se establece que el pago por los servicios debe ser por la ocupación total, aunque tengan espacios disponibles y estos contratos tienen vigencia hasta 2032.

Por otro lado, en el estudio también se observa que de las 10 prisiones que estuvieron mejor evaluadas en el DNSP, ninguna opera bajo el modelo de CPS, lo que significa que el alto costo de ellos no ha justificado este esquema.

La obra llega a la conclusión de que los CPS, como funcionan hoy en día, requieren controles y esquemas de supervisión que permitan visibilizar con transparencia su funcionamiento, y además señala que es necesario establecer mecanismos que permitan el combate a la corrupción y la creación de acuerdos para que todas las partes puedan resultar beneficiadas.