Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, explica en esta entrevista cómo está trabajando para cumplir el principal compromiso de la dependencia que encabeza: luchar contra la corrupción y perseguir a los defraudadores y a quienes incumplen sus obligaciones con el fisco.
¿Qué política fiscal plantea la Cuarta Transformación?
La política fiscal del gobierno de México tiene sus cimientos en dos grandes pilares que son el ahorro y la austeridad, y su objetivo estriba en que lo recaudado por el fisco federal se emplee para realizar las diferentes obras que satisfagan las necesidades de la población.
De este modo, la Procuraduría Fiscal de la Federación, como abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene como objetivo la lucha sin tregua contra la defraudación fiscal organizada y contra todo aquel que, aprovechándose de errores, o a través del uso del engaño, omitan en forma total o parcial el pago de impuestos, originando la afectación del fisco federal.
¿Qué papel tiene la Procuraduría Fiscal de la Federación en el combate a la corrupción?
La corrupción es, sin duda, uno de los más grandes obstáculos para que nuestro país logre una distribución equitativa de los recursos. De esta manera el gobierno de México, además de establecer buenas prácticas de ahorro y austeridad, pretende que lo recaudado se emplee efectivamente para realizar las diferentes obras que fomenten el bienestar.
Por lo anterior, entre los puntos que han sido motivo de cuidadosos trabajos por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, como abogado de la Hacienda Pública, se encuentra la reforma penal fiscal para combatir la defraudación fiscal organizada, destacando su facultad para investigar y perseguir los delitos fiscales.
¿Cuáles son tus comentarios en relación con la reforma fiscal de 2020?
Hay que destacar que en esencia son dos reformas y que ambas tienen como objetivo combatir frontalmente la defraudación fiscal.
En primer lugar tenemos la reforma penal fiscal publicada el 8 de noviembre de 2019, que entró en vigor el 1° de enero e incluye los delitos de defraudación fiscal establecidos en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal, así como el delito específico de “adquisición y enajenación de facturas simuladas” establecido en el artículo 113 bis, como parte del catálogo de delitos que constituyen la figura penal de “delincuencia organizada”. Además, dispone que la comisión de los delitos fiscales calificados son actos que atentan contra la seguridad nacional.
Con esta reforma la autoridad podrá perseguir de manera eficaz a los beneficiarios finales de los delitos fiscales y financieros, con las declaraciones o los testimonios de los participantes que han sido utilizados para encubrirlos. La modificación legal está pensada para perseguir directamente a los defraudadores fiscales y a sus líderes. En segundo lugar, tenemos la reforma penal publicada el 9 de diciembre de 2019.
En la reforma fiscal 2020 destaca la intención de combatir la defraudación fiscal a través del fortalecimiento de las herramientas de control que tiene la administración tributaria, haciendo énfasis en medidas que pretenden erradicar la facturación de operaciones simuladas, así como el outsourcing o subcontratación laboral ilegales.
Además, el capítulo sexto del Código Fiscal obliga a los asesores fiscales a revelar esquemas reportables, generalizados y personalizados, al Servicio de Administración Tributaria.
¿En qué consisten esos esquemas?
Un esquema reportable es cualquiera que pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México, sin importar la residencia fiscal del contribuyente. Es decir, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación, externada expresa o tácitamente, con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos.
En este apartado, la reforma articula un sistema de reporte, fiscalización y sanción dirigido a asesores fiscales, por lo que el ejercicio de la práctica fiscal será monitoreado por el Servicio de Administración Tributaria cuando se produzcan transacciones, vinculando a los contribuyentes que participen en éstas.
Además, se gravará directa e indirectamente la economía digital en México. Por primera vez nuestra legislación obliga a las plataformas digitales residentes en el extranjero a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y a cumplir obligaciones, no sólo por la retención y el entero de impuestos, sino por el manejo y la revelación de información privada de los contribuyentes con los que interactúen.
Durante mucho tiempo en México se abusó en la compra y venta de facturas. ¿Cómo combatirá la reforma penal fiscal 2020 la emisión de esas facturas que amparan operaciones inexistentes, así como a empresas fantasma?
Para dar respuesta a esta pregunta es importante destacar que la nueva política criminal fiscal se aboca a cambiar la realidad que imperaba en el país con la compra y venta de facturas, la cual hasta los últimos años se instituía como el “deporte nacional”. Este objetivo justifica y hace oportuna la reforma, ya que reconoce el fenómeno de la defraudación fiscal como una cuestión de delincuencia organizada que atenta contra la seguridad nacional y es el punto toral de las modificaciones legislativas ahora vigentes. Como mencionaba, las innovaciones más importantes son las que amplían el catálogo de delitos de defraudación fiscal dentro de la figura penal de “delincuencia organizada”, como son los contemplados en los artículos 108 y 109, así como el delito específico de enajenación y adquisición de facturas simuladas previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal.
Por otra parte, la reforma tiene como objetivo el combate de las empresas fantasmas, es decir, de aquellas personas físicas y morales que facturan operaciones inexistentes con el propósito de aplicar efectos fiscales de manera ilegal en el beneficio de otros contribuyentes. Asimismo, se pretende erradicar esquemas de evasión a gran escala, como las de organizaciones que realizan simulaciones jurídicas en subcontrataciones ilegales o esquemas de outsourcing ilegal.
¿A cuánto asciende el monto de la defraudación fiscal y cuáles son las acciones que realiza la Procuraduría Fiscal de la Federación para combatirla?
Como ya se ha dicho, en los últimos años se ha incrementado la compra y venta de comprobantes fiscales o facturas que amparan operaciones inexistentes, por lo que de 2014 a 2019 el Servicio de Administración Tributaria tiene identificadas a 8,204 empresas que realizan esa actividad ilícita en nueve estados de la República mexicana. La mayoría se concentra en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Tomando en consideración lo anterior, hay que señalar que el daño causado por la defraudación al fisco federal es de 2.5 por ciento del producto interno bruto, lo cual equivale a tres veces el Aeropuerto de la Ciudad de México, 10 años de operaciones de la Guardia Nacional y 50 años de servicio de la Secretaría de Economía.
Actualmente, en la Procuraduría Fiscal de la Federación estamos trabajando en la investigación y persecución de todo aquel que, aprovechándose de errores, o a través del uso del engaño, omita en forma total o parcial el pago de impuestos, originando la afectación del fisco federal. Para lograr este objetivo ha resultado de gran importancia el trabajo conjunto y coordinado con el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la tarea de “seguir el rastro del dinero”. Esas acciones conjuntas nos permiten atacar la fortaleza económica de las organizaciones criminales: sus finanzas, las cuales les dan la capacidad para operar y corromper.
¿Cómo se está dando seguimiento a las empresas que defraudan al fisco federal a través del outsourcing?
Es importante destacar que el outsourcing, subcontratación o tercerización laboral, constituyen una práctica fiscal indebida pues pretende disminuir las cargas tributarias que pueden derivar en la comisión de delitos fiscales, los cuales se cometen por el incumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, así como en contravención de lo dispuesto en las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Con la reforma penal fiscal pretendemos erradicar los esquemas de defraudación a gran escala, como los de organizaciones que realizan simulaciones jurídicas en esquemas de outsourcing, subcontratación o tercerización laboral ilegales.
Con la reforma penal fiscal 2020 existe el temor, por parte de contribuyentes y empresarios, de convertirse en delincuentes organizados. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
Atendiendo al planteamiento del presidente de la República, nuestro objetivo como Procuraduría Fiscal de la Federación es perseguir al defraudador fiscal, por lo que el mensaje es muy claro: quien cumple y se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales no tiene problemas. El contribuyente y el empresario cumplido y honesto no tienen nada que temer, toda vez que nuestro trabajo es perseguir al delincuente y al incumplido.
¿Qué retos a corto y mediano plazos enfrenta la Procuraduría Fiscal de la Federación?
En abril o mayo se podrán dar a conocer las primeras órdenes de aprehensión en contra de quienes hayan utilizado facturas falsas y también por servicios de outsourcing o tercerización ilegal.
¿Qué respuesta se ha obtenido a un año de la entrada en vigor del decreto de estímulos fiscales para la frontera norte?
Ha habido grandes logros, pues a través de los beneficios fiscales, como es el caso del decreto de estímulos fiscales para la frontera norte, se propone una tasa reducida del impuesto al valor agregado; se busca reactivar los mercados y reducir una tasa del impuesto sobre la renta a las empresas y a las personas físicas con actividad empresarial, destinar mayores recursos a la inversión, así como generar empleos y aumentar su competitividad, siempre y cuando los bienes y/o servicios se entreguen o se proporcionen en el seno de esa región fronteriza.
Carlos Romero Aranda es licenciado en Derecho por la Universidad Marista, especialista en materia administrativa y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y por la Universidad de Salamanca.
Se ha desempeñado como abogado fiscalista en el despacho Del Rey, Romero, Nava, Pinzón y Asociados, y como titular de la Dirección General de Amparos contra Leyes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde diciembre de 2018 funge como procurador fiscal de la Federación.