Arturo Guerrero, secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, nos habla sobre la trascendencia del Acuerdo 12/2020 que valida los juicios en línea.
¿Por qué es tan importante el Acuerdo 12/2020?
De entrada, permite que la justicia a nivel federal continúe en el complejo contexto de una pandemia global, sin que las personas justiciables ni el personal jurisdiccional se pongan en riesgo al entrar en contacto físico entre sí y con otras personas. Además, representa la culminación de una primera etapa en la estrategia digital de la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, quien desde sus líneas generales de trabajo planteó la necesidad de potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como uno de los ejes rectores de su programa. Sin duda, la apertura de todas las materias e instancias a su tramitación por medios electrónicos es un paso firme en esta dirección.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lleva un cuarto de siglo realizando funciones de gran complejidad para la debida administración y supervisión de los órganos jurisdiccionales a su cargo, pero en ocasiones esa complejidad parecía traducirse en acuerdos y decisiones desasociadas, poco claras o ejecutadas de tal forma que parecían congelarse en el tiempo.
Así es. Por eso este acuerdo concentró en un único instrumento normativo, una regulación comprensiva de expedientes electrónicos, el uso de videoconferencias y la celebración de convenios de interconexión, lo cual da claridad a operadores y a operadoras jurídicas y a las personas justiciables. La propia justificación que puede encontrarse en la parte considerativa busca aportar una visión de la e-Justicia encuadrada en los estándares constitucionales sobre los derechos de acceso a la justicia y de acceso a las nuevas tecnologías, lo cual, además, da un valor jurídico agregado a este instrumento.
¿Cómo se llevó al cabo el proceso para gestarlo?
En los primeros meses de 2019 se profundizó el diagnóstico en torno de los retos de la plataforma tecnológica del Poder Judicial de la Federación (PJF). Hacia septiembre de 2019 arrancó un proceso de diálogo y colaboración entre los equipos de gestión y tecnologías de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF para comparar la oferta de servicios de cada institución y buscar formas de optimizar su funcionamiento. Aquí se identificó la necesidad de reformular los acuerdos existentes, que de momento sólo permitían la actuación en medios electrónicos en amparo y en materia penal del nuevo sistema acusatorio adversarial. Esto implicó un ejercicio que se extendió a lo estrictamente jurídico, para estudiar las leyes adjetivas que regían las 10 materias distintas que, a su vez, regulan más de 40 procedimientos que conocen los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF.
Apenas un mes antes de la contingencia se había iniciado la etapa final de trabajo, depurando la armonización de los sistemas, potenciando su funcionamiento y desarrollando las líneas generales que darían a su nueva regulación normativa.
¿Qué resultado tuvo la nueva modalidad del Portal de Servicios en Línea (PSL)? Entiendo que buscó hacer más amable e intuitiva la navegación y potenciar las herramientas con modalidades de promociones y notificaciones masivas o el perfeccionamiento del esquema de notificaciones.
En efecto. El portal cambió en mayo para un funcionamiento más sencillo y, a la vez, potente, como bien lo apuntas. Además, depuramos las fallas y pasamos de un promedio de 22 incidencias reportadas diariamente a sólo 0.72. Unos días después las sesiones en tribunales colegiados se empezaron a celebrar mediante videoconferencias, mientras que el ejercicio había iniciado desde abril con los Centros de Justicia Penal Federal. Además, el 1° junio se liberaron las últimas actualizaciones para el funcionamiento del portal desde dispositivos móviles. Por último, el 16 de junio arrancamos con la posibilidad de iniciar todo tipo de asuntos en línea, lo cual es un hecho de gran relevancia, tanto en México como a escala global.
¿Se replicará el modelo de “justicia en línea” del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)? ¿Qué se va a mejorar?
Se trata de modelos distintos. La “justicia en línea” del TFJA fue un referente importante, por el momento en que se implementó, pero el modelo adoptado por el CJF comprende características que marcan distancias. Destaco cuatro diferencias. Primera, el registro ante el sistema del TFJA se hace presencialmente, mientras que ante el PJF se realiza de forma remota, desde el propio portal. Segunda, la operatividad de su sistema requiere la descarga de un programa específico y de su compatibilidad con el equipo de cómputo utilizado, mientras que en la SCJN y en el CJF el acceso se hace desde internet, sin necesidad de descargar algún software o programa específico. Tercera, aquel modelo permite la actuación física o en línea, sin poder transitar de una a otra o tener una tramitación híbrida.
Aunque en el TFJA existe una sala especializada en juicio en línea que es la única competente para conocer asuntos vinculados con la propiedad intelectual, ¿o no?
Sí. Y el cambio está en que lo anterior implica que sólo esa sala conoce de justicia en línea, con la única excepción de la sala que conoce de asuntos de propiedad intelectual. No obstante, no se permite cambiar de la tramitación física a una en línea, ni combinar elementos de ambas. En el PJF los asuntos se pueden tramitar en medios electrónicos para quienes tengan acceso a ellos y, de forma tradicional, para el resto de las partes. Asimismo, es posible que durante un juicio optes por la modalidad en línea o por volver a la tradicional, lo cual resulta viable porque todos los órganos jurisdiccionales están en posibilidad de actuar en un modelo o en otro.
Pero hablabas de cuatro diferencias...
La última diferencia es que la “justicia en línea” del TFJA permite una tramitación 100 por ciento en línea, pero requiere que las comparecencias, por ejemplo para el desahogo de una prueba testimonial, cuenten con la presencia física de quienes intervengan en la diligencia. En el PJF no, gracias a la implementación de las videoconferencias.
Algunos servidores públicos del Poder Judicial siguen acostumbrados a formalismos arcaicos. Por ejemplo, la extensión de sus resoluciones y de sus acuerdos o el uso de lenguaje rimbombante. ¿Cómo se pretende lograr que adopten el manejo de casos de forma electrónica?
El PJF ha contado con personas cuya dedicación, formación y profesionalismo han constituido la columna vertebral de la justicia federal. No obstante, los vicios que han existido también se han replicado. En ocasiones han enraizado. Para enfrentar estos problemas se impulsó el Plan Integral de Combate al Nepotismo, así como el “Acuerdo que modificó los procesos de adscripción, ratificación y reincorporación” y se cuenta con ambicioso proyecto de la mano del Instituto de la Judicatura Federal.
Aunque esto no resuelve el tema de los esquemas de trabajo anquilosados.
Ciertamente estamos ante un reto mayúsculo. Aunque llevábamos años con avances importantes, no se terminaba de dar un paso definido. Así, mientras el Consejo trabaja arduamente en el proceso de construcción del “nuevo perfil de la servidora o servidor jurisdiccional”, la estrategia de justicia digital permite una auténtica transformación que influye de inmediato en las formas, pero trasciende al fondo.
Al plantear las medidas para enfrentar la pandemia identificamos que aproximadamente 80 por ciento de los órganos jurisdiccionales del PJF tenían algún tipo de procedimiento tramitado, al menos parcialmente, por medios electrónicos, lo que evidenció que el uso de las tecnologías no les era ajeno. Tras generar un catálogo que permitiese atender exhaustivamente los casos urgentes, lo siguiente fue impulsar la resolución de asuntos con esquemas de trabajo a distancia y mediante sesiones por videoconferencia. Así se pusieron los cimientos de lo que vendría a continuación. El último paso fue la apertura de los “juicios en línea” mediante la habilitación del portal para todos los asuntos competencia de los órganos a cargo del PJF, al igual que ocurrió en la SCJN con todos los asuntos de su competencia. Esto verdaderamente cambia la forma en que trabaja el PJF.
¿De qué forma se garantizará la continuidad, a futuro, del esquema de expedientes y juicios en línea? Hablo, principalmente, del aspecto presupuestal, puesto que la tecnología puede repercutir en costos significativos.
El acuerdo no tiene vigencia transitoria, sino indeterminada. Considerando que los efectos de la pandemia aparentemente nos van a acompañar durante un buen tiempo, se espera que la inercia hacia la utilización de medios electrónicos termine por asentarse, aunque lo anterior no depende en su totalidad del PJF, sino del comportamiento de las personas justiciables. A pesar de ello, el CJF está apostando por la capacitación y la optimización de los procesos, de modo que la actuación electrónica se erija como la principal herramienta, al menos desde el lado de las personas operadoras de justicia.
En cuanto a los costos, otro acierto del PJF ha sido la utilización de las herramientas que ya existían, así como la generación de productos con los equipos internos de trabajo, tanto de tecnologías de la información, como de gestión judicial. De esta forma se ha actuado aprovechando los recursos disponibles, los licenciamientos y los desarrollos existentes, y la capacidad y el talento de quienes formaban parte del PJF desde hace tiempo.
¿Qué otros ajustes permanecerán?
Recientemente se completó la instalación de buzones judiciales, los cuales permiten la recepción de promociones físicas, evitando el contacto entre justiciables y personal de las Oficinas de Correspondencia Común, el cual va transitando hacia esquemas completamente automatizados de turno. Adicionalmente, se mantendrá la utilización de videoconferencias.
Terminando la pandemia quedará claro que una gran cantidad de personas que hoy trabajan en el Poder Judicial Federal no son necesarias. ¿Se les despedirá?
La pandemia dará lugar a importantes transformaciones, sin duda. El PJF no será la excepción. Aun así, no advierto un escenario en el que la tecnología desplace a las personas, sino uno en el que potencie su trabajo. El objetivo es reducir los tiempos, abatir el rezago y mejorar la calidad, lo cual redundará en beneficio de las personas justiciables. Por citar un ejemplo, personas que hoy se dedican a la captura de datos se están contemplando como una extensión de las áreas de análisis y evaluación, para eficientar las visitas que funcionan como auditorías a los órganos.
Arturo Guerrero Zazueta es abogado por la Escuela Libre de Derecho y máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Fue abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, director general adjunto de Derechos Humanos de la Asesoría Jurídica Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal.