Quien finalmente salió del clóset fue José Ramón Cossío. Mientras fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comportó con una institucionalidad ejemplar. Sus intervenciones y sus artículos nunca rebasaron la línea de lo políticamente permitido y cada una de sus posturas siempre fue predecible. Pero ahora las cosas han cambiado. Desde su cubículo de investigador en El Colegio de México ha asumido la actitud crítica de lo que siempre fue: un académico. Y, si se vale decirlo, un activista del Estado de Derecho. Recientemente ha arremetido contra los testigos protegidos, contra las pifias en el abastecimiento de medicamentos contra el cáncer y contra la “Ley Bonilla”. Ha criticado los nuevos billetes de 200 pesos en su cuenta de Twitter. Qué bueno que en estos tiempos contemos con una voz fresca y valiente como la suya. Si, para muchos abogados, ser ministro de la Corte es una meta, un sueño, la realización de una vida profesional, para Cossío fue, apenas, un renglón más en su currículum.
A propósito de los billetes de 200 pesos, no sólo hay que lamentar la repetición de figuras tan vistas como Hidalgo y Morelos y la ausencia de Sor Juana, como lo apuntó Cossío, sino el significado de estos rostros. Sin negar sus méritos como guerreros valerosos, no fueron fundadores, en el sentido en que lo fueron Washington, Juárez o Bismarck: hace 200 años, desafiaron el orden público, al gobierno y a la autoridad. ¿Estos son los valores que el nuevo billete pretende transmitir a las nuevas generaciones? ¿Hay que seguir la tradición latinoamericana de aspirar siempre a derrocar a quienes ostentan el poder político? ¿No habría sido más atractivo un fundador de instituciones?
La “remoción temporal” de Jorge Winckler, fiscal de Veracruz, se llevó a cabo de la manera más torpe y desaseada desde el punto de vista jurídico. Aun así, su terquedad para permanecer en el cargo, con el pretexto de que la fiscalía es autónoma, está dañando a Veracruz. La matanza de Coatzacoalcos fue la gota que derramó el vaso. ¿No se habrán dado cuenta Winckler y los panistas que lo apoyan que, bajo las reglas de nuestro sistema, toda autonomía es una simulación? Si no se cuenta con el respaldo del Ejecutivo, es imposible aspirar a la eficacia.
Si Alejandro Moreno, líder del PRI, quiere convertir su partido en auténtico partido de oposición, con posibilidades a reposicionarlo en las elecciones de diputados de 2020, tendrá que dejar claro —clarísimo— el origen de sus propiedades. Si no lo hace, la duda corroerá a todos su miembros y ésta acabará por sepultar al PRI.
Hay un momento en la vida “en que el tiempo nos alcanza”, escribió el poeta sevillano Luis Cernuda. Quizá haya varios. Uno de ellos se da cuando ya no nos interesan el poder o las comodidades que brinda el dinero sino, únicamente, nuestro paso a la historia. Que lo diga, si no, Porfirio Muñoz Ledo, quien al ver el zafarrancho que ocasionó su empeño en aferrarse a la presidencia de la Cámara de Diputados, aun contra toda disposición legal, decidió retirar su candidatura. El sacrificio es menor, pensó el controvertido político, si éste va a asegurarle su sitio en la historia.
El informe que presentó a principios de septiembre la asociación civil Impunidad Cero resultó escalofriante: sólo 1.3 por ciento de los delitos que se cometen en el país tienen posibilidad de esclarecerse. Las entidades federativas mejor evaluadas fueron Chihuahua, Yucatán y Querétaro. Las peores, Guerrero (0.2 por ciento). Tamaulipas (0.4 por ciento) y Jalisco (0.6 por ciento). Entre los que realizaron este estudio se encuentra Guillermo Zepeda Lecuona, que se ha convertido en azote para policías y fiscales ineficientes de todo el país.
No es con declaraciones o marchas como acabará por resolverse el tema de los desaparecidos en México sino con la tecnología. Mientras no exista un banco eficaz de perfiles genéticos de las personas que han desaparecido —banco que pueda cotejarse con los restos hallados— no se avanzará mucho en este rubro tan doloroso para México.
Qué difícil debe ser fungir como titular de la Secretaría de la Función Pública. Además de simular que se persigue la corrupción, hay que condenar a los enemigos del régimen. El problema es que para hacer una cosa y la otra se cuenta con las mismas herramientas. Que lo diga, si no, Virgilio Andrade, que exoneró a su jefe por el tema de la “Casa Blanca”, sin tener siquiera facultades para hacerlo. O Irma Eréndira Sandoval que, al descubrir que Manuel Barttlet, titular de la CFE, no tenía bienes por 50 millones de pesos, como lo asentó en su declaración patrimonial, sino por 800, desestimó la acusación: “No obtuvo este dinero durante su gestión como servidor público”, dijo la funcionaria despreocupada, convencida de que el asunto estaba zanjado. Para ser un secretario de la Función Pública eficaz hay que tener una gran imaginación… Y un gran cinismo.
Hablando de las declaraciones de Barttlet, hay quienes insisten en que se estrene con sus bienes la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Quizá con ello se enviaría un mensaje alentador para la mayoría de los mexicanos, aunque preocupante para aquellos que tienen propiedades a granel y no pueden explicar su origen.
Aunque hay a quienes asusta, desde luego, pocas figuras parecen hoy tan eficientes y discretas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como Alejandro Gertz Manero. Enemigo de las cámaras y las declaraciones rimbombantes, el fiscal general de la República se limita a reunir pruebas y a dar golpes —cuando la ley se lo permite— a la hora en que hay que darlos…
El mercado para los abogados que practican el Derecho ecológico cada vez parece más prometedor: lo que tienen que hacer es justificar por qué un complejo turístico o una fábrica pueden establecerse donde sus clientes pidan, echando mano de la jerigonza jurídica para explicar que la desaparición de árboles, aves y toda suerte de vida silvestre es “conforme a Derecho”.