Muy preocupante resultó la propuesta de Edelmiro Santos Díaz, diputado de Morena, en el sentido de eliminar la existencia de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), para que los recursos acumulados por el ahorro de los trabajadores fueran administrados por el Banco del Bienestar, anteriormente BANSEFI. Mario Delgado publicó un tuit señalando que dicha iniciativa no era prioridad para su grupo de legisladores. Aun así, ha quedado la alarma sobre la verdadera razón para que el partido que gobierna el país insista en disponer de ese recurso, que es vital para millones de familias.
La pandemia del coronavirus ha caído “como anillo al dedo”… para despresurizar los centros de reclusión y evitar los contagios de Covid-19 entre las personas privadas de su libertad, así como para repensar la prisión preventiva oficiosa.
Algo no salió bien en la encuesta que hizo Reforma para evaluar a las mejores escuelas de Derecho de México. Los cinco primeros lugares fueron ocupados, en este orden, por la UNAM, la Panamericana, el ITAM, la Libre de Derecho y La Salle. Al CIDE ni se le mencionó entre los siguientes 10. En la encuesta similar que hizo El Universal, sin embargo, el CIDE quedó en primer lugar. ¿Cómo se explica que haya tanta diferencia?
Tras muchas dificultades se reunió el Consejo de Salubridad General y determinó que la Secretaría de Salud daría a conocer las decisiones para enfrentar la pandemia del coronavirus que amenaza al mundo. Entre las primeras decisiones de la Secretaría —como quedó asentado en el decreto del 6 de abril— está que “aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y Corredor Transísmico”. A nadie le quedó claro por qué estos proyectos no se cancelan y otros sí. Los partidarios del presidente López Obrador aseguran que es un hombre pragmático... pero no lo está demostrando.
Ante el silencio de la Corte y de la CNDH, el juzgado tercero de distrito en San Luis Potosí notificó una suspensión que ordena al gobierno dictar medidas para apoyar a los contribuyentes ante la crisis provocada por el coronavirus, en los términos del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Aunque el artículo sólo habla de que el Ejecutivo “podrá condenar o eximir” y no establece obligación alguna, y aunque el juzgado en cuestión está a cargo de un secretario en funciones de juez, ha dado ejemplo de lo que debiera esperarse de un Poder Judicial que, sin ser protagónico, resulte útil.
Cancelar aguinaldos y bajar sueldos de los servidores públicos, en los términos en que lo anunció el presidente de la República, motivará amparos a granel. “No fue una instrucción, sino una invitación a solidarizarse”, aclaró la secretaria de Gobernación. Pero esto no es lo grave del asunto, sino que, más allá del mensaje demagógico, la medida no servirá de nada. La historia y las experiencias exitosas de otros países nos enseñan que, en estos casos, lo que hay que hacer —y hacerlo ya— es reactivar la economía, dando apoyos a las Pymes. Pero no con los aguinaldos que lastimarán a unos y no arreglarán lo de los otros. La idea de Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, de dispensar pagos de seguridad social a las empresas, puede ser un buen comienzo.
El Sistema de Administración Tributaria había dado resultados ejemplares hasta el año pasado. Conducido por Aristóteles Núñez y por Margarita Ríos Farjat, permitía que los contribuyentes supieran de inmediato cuánto debían o, incluso, cuánto se les iba a devolver. Parece que con Raquel Buenrostro al frente todo ha vuelto a complicarse. Las devoluciones no se precisan y las declaraciones están a la orden del día.
Con motivo de la Ley de Amnistía, publicada el pasado mes de abril, muchos especialistas han alzado la ceja para señalar que ya existían mecanismos para lograr la libertad anticipada. No el indulto, como tuitearon algunos legisladores despistados, sino la Ley Nacional de Ejecución Penal que, en su artículo 146, establece trámites específicos para lograr la excarcelación de un número importante de personas privadas de su libertad, con la ventaja que rige por igual para el sistema penitenciario federal como para sus homólogos estatales.