Quien anda de plácemes por la publicación de Decisiones difíciles, su nuevo libro, es Felipe Calderón. Convencido de que “gobernar es decidir”, y echando mano de un estilo ágil y desparpajado, el ex presidente refiere diversos momentos que le tocaron vivir y algunas de las no siempre aplaudidas resoluciones que tuvo que adoptar en su sexenio para alcanzar lo que él llamara románticamente “el bien común”. Se puede coincidir o disentir con el abogado michoacano, pero no se puede ignorar su versión de los hechos a la hora de descifrar a México.
Hablando del ex presidente Calderón, lo que no parece tan plausible es su afán de echar a andar un nuevo partido político. Por paradójico que parezca, con este empeño sólo está haciéndole el juego al gobierno actual, donde los operadores políticos se frotan las manos al ver lo dividida que está la oposición política. Lo mismo habría que decir de César Augusto Santiago, que quiere dividir al PRI. Lo que hace falta para tener una auténtica oposición es unir y no dividir.
Y ya que de partidos políticos hablamos, hay quienes afirman que el presidente López Obrador ya no se siente a gusto con Morena. El movimiento, como todos sabemos, reúne en sus filas a inconformes de todas partes. Por ello no puede ostentar una ideología como tal. Aun así, el desgaste al que ha estado sometido, se rumora, no ha sido gratuito: responde a un propósito para mantener sobre él absoluto control. ¿Será que el presidente quiere transformarlo en el partido de la Cuarta Transformación, donde todos deberán acatar la línea presidencial? En cualquier caso, no perdamos de vista al INE. De aquí a junio de 2021 será más importante que nunca.
Por su autoridad técnica y por los equilibrios políticos que generan (evitan que sea el presidente quien lo determine todo, según intereses partidistas), los órganos autónomos constitucionales son indispensables en una democracia funcional. Sin embargo, tiene razón el senador Ricardo Monreal cuando cuestiona su eficacia: si la Comisión Federal de Competencia Económica hiciera su chamba, los monopolios estarían por desaparecer en México; si el Instituto Nacional de Acceso a la Información hiciera la suya, México no estaría calificado con 4.5 sobre 10, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción. Lo que requieren con urgencia estos organismos es que se les fortalezca. En muchos casos han sido una careta para presentar a México como un país moderno, pero no mucho más. En todo caso, Monreal ha retirado su iniciativa para fusionar a algunos de estos órganos… pero hará bien en no perderlos de vista.
Quien anda muy movido buscando la primera vicepresidencia de la Barra Mexicana —paso ineluctable para alcanzar la presidencia— es Víctor Olea. El penalista es un hombre competente que ha trabajado duro a favor del colegio y merece llegar, sin lugar a dudas, a su presidencia.
Dar atribución a las Fuerzas Armadas para participar en la seguridad pública resulta urgente, como se ha asegurado en este espacio. Eso sí, se ha añadido que una ley sería mejor que un Acuerdo Presidencial. Sea como fuere, resultó lamentable la forma en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se desafanó a la hora interponer una acción de inconstitucionalidad contra esta participación. A través de un tecnicismo adujo que, como no era ley sino acuerdo, la comisión era incompetente para pronunciarse. “Eso le tocaría a la Corte”, declaró Rosario Piedra, presidenta de la CNDH. La funcionaria no ha acabado de entender dónde está ni qué se espera de ella… ¿O será que lo entiende demasiado bien?
La profesión jurídica no atraviesa su mejor momento en el país. Ahora que por la pandemia muchos abogados han salido a dar clases, cursos y conferencias en línea, medio mundo ha podido constatar la estrechez de su visión en otros campos que no sean un capítulo de cierta ley o un título de cierto código. Parece que hasta ahí llegaron. Entender de política, economía, sociología y psicología no debiera ir reñido con la formación jurídica… Ojalá que la pandemia abone a la profesionalización del gremio.
Los abusos policiacos son repulsivos. El asesinato del albañil Giovanni López, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y el del adolescente Alexander Gómez, en Acatlán de Pérez, Oaxaca, merecen una enérgica condena y castigos ejemplares. Pese a ello, poco podremos avanzar en el país mientras siga vigente la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional. La fracción niega la posibilidad de crear un servicio de carrera entre policías, peritos y fiscales, a quienes puede despedírseles si el jefe quiere colocar en su lugar a un compadre. No necesita justificación alguna. De acuerdo con la previsión constitucional, se le puede echar del cuerpo cuando decida el jefe, sin considerar su honestidad, capacidad, valor, entrega o antigüedad. Y ningún recurso es válido para objetar la arbitrariedad. Así, es imposible aspirar a que México cuente con un cuerpo profesional de policías, peritos y fiscales.
La junta de gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), que encabeza Alejandro Gertz Manero, se anotó un 10 al determinar que, este año, el doctorado honoris causa que otorga este centro público de investigación se conceda a dos mujeres: una extranjera y una mexicana. En el caso de esta última, la junta añadió un requisito: que desarrolle sus actividades profesionales en el interior de la República. A juzgar por las personas que se han hecho acreedoras a la máxima distinción del INACIPE parece que, para merecerla, hay que ser miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y trabajar en la Ciudad de México… ¿No habrá más talento fuera de la Academia y de la capital?
Si no tuvieran tanto impacto en la vida económica y jurídica de México, los bandazos de Hugo López Gatell no tendrían importancia. Sus declaraciones acerca de que el Covid-19 es una enfermedad de ricos, por ejemplo, o la “absolución” que dio a Irma Eréndira Sandoval sin tener ni idea de lo que la secretaria de la Función Pública pueda o no ocultar, moverían a chunga... El problema es que es a la Secretaría de Salud a la que le compete determinar las acciones contra la epidemia y, sí, anunciar qué semáforo se impone dónde. Y aquí, los desatinos del epidemiólogo (¿es epidemiólogo?) deben inquietarnos. Hasta la OMS ha recomendado a México que se establezcan líneas claras de comunicación y que ya no se confunda a los mexicanos.